El mundo sigue con atención las prepotentes andanzas imperialistas de Donald Trump y parte del republicanismo yanqui que no dudan en ostentar su supremacía armamentística y tecnológico día tras día, como lo hicieron con el secuestro del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Quizás una excepción es su intentona con Irán.
Sin embargo, las amenazas con respecto al futuro de Naciones libres como Groenlandia, Colombia, no pueden tapar la crisis interna que vive Estados Unidos. El país del “sueño americano”, atraviesa un momento de fuerte tensión estructural donde la incertidumbre económica se entrelaza con una crisis institucional y democrática. El conflicto abierto entre el Poder Ejecutivo y la Reserva Federal, sumado a presiones políticas sobre organismos autónomos, ha puesto en cuestión la independencia de las instituciones técnicas, un pilar central del sistema democrático estadounidense. Esta injerencia no solo afecta la previsibilidad económica y la confianza en los mercados, sino que también erosiona garantías básicas del Estado de derecho, al debilitar los límites que separan la conducción política de los mecanismos de control y equilibrio institucional.
En el plano social, el aumento sostenido de protestas y movilizaciones refleja un malestar profundo frente a políticas migratorias restrictivas, redadas masivas y un uso creciente de fuerzas federales y militares para el control del orden interno. La respuesta estatal, caracterizada por la militarización del espacio público, detenciones masivas y amenazas de aplicar leyes de excepción, ha generado denuncias de violaciones a derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la protección contra detenciones arbitrarias. Este escenario instala un clima de confrontación directa entre ciudadanía y Estado, donde las garantías democráticas aparecen cada vez más frágiles.
Políticamente, el liderazgo de Donald Trump enfrenta una creciente polarización que no se limita a la oposición demócrata, sino que atraviesa al propio Partido Republicano y a amplios sectores sociales. Las divisiones internas, el desgaste de la imagen internacional del país y la percepción de una deriva autoritaria alimentan una crisis de representación y legitimidad. En conjunto, estos procesos configuran un país profundamente fracturado, donde la disputa ya no es solo por políticas concretas, sino por el alcance real de los derechos esenciales y la vigencia efectiva de las normas democráticas.
Este momento de Estados Unidos, llena de contradicciones al Gobierno de Javier Milei, que no termina de salir en bloque a posicionarse de una manera, que Trump y sus funcionarios los dejan pedaleando. Repiten la cantinela del libre mercado y el presidente estadounidense no deja de dar señales de proteccionismo. Aclaman a María Corina Machado y a las horas Trump la ningunea. Sólo las políticas de homofobia, segregacionismo, espionaje interno y represión de fuerzas policiales y militares son compatibles entre el país del norte y nuestro gobierno nacional. Triste y antidemocrática coincidencia.
En el plano interno los libertarios no pueden bajar la inflación, que ya se encuentra en los niveles del kirchnerismo durante el último gobierno de Cristina, cuando desde el Congreso Nacional Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger se quejaban por la misma inflación que hoy celebran.
Por otro lado, la absoluta ausencia de Milei y su gabinete, acompañando al menos con su presencia, a los argentinos que se vieron perjudicados por los intencionales incendios que una vez más, como cada verano de los últimos años, azotan la región patagónica. En esta oportunidad se sumó la derogación de la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, promovida por el kirchnerismo, sancionada en 2020 y que permitía regular el uso de tierras luego de un incendio. Esto es prohibir que se realicen modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales. ¿Casualidad que se produzcan estos incendios y se derogue esta ley?
Por último, en las primeras horas del año se dio a conocer la reforma del sistema de inteligencia implementada por el gobierno de Javier Milei a través del DNU 941/2025 que representa, según constitucionalistas y organismos de derechos humanos, un grave retroceso en las garantías individuales y una amenaza directa a la privacidad y la libertad de expresión. Entre los puntos más críticos respecto a la vulneración de derechos podemos destacar:
Pérdida de Privacidad y Espionaje Interno: Al centralizar todo el poder en la nueva SIDE y dotarla de mayores facultades operativas, se debilita el control judicial sobre las tareas de inteligencia. Esto facilita la vigilancia masiva y el seguimiento de ciudadanos, activistas o periodistas bajo la ambigua categoría de “prevención de atentados contra el orden institucional”.
Amenaza a la Libertad de Expresión: La redefinición de las tareas de contrainteligencia permite al Estado vigilar cualquier discurso que sea considerado un “sabotaje” a los intereses nacionales. Esto genera un efecto disuasorio o de autocensura, donde la crítica política puede ser interpretada como una amenaza a la seguridad nacional, exponiendo a los ciudadanos a investigaciones arbitrarias.
Facultades Policiales para Espías (Peligro de Seguridad Personal): El hecho de que agentes de inteligencia (cuya identidad es secreta) ahora tengan facultad de arresto rompe un principio democrático básico: la separación entre la inteligencia y la seguridad interior. Esto eleva el riesgo de detenciones arbitrarias y la persecución de opositores sin el debido proceso que garantiza una fuerza policial pública y reglamentada.
Falta de Transparencia y Control: El decreto otorga un manejo discrecional y reservado de los fondos, lo que impide que la ciudadanía y el Congreso sepan cómo se están utilizando los recursos para vigilar a la población. Sin una Comisión Bicameral que funcione como contrapeso efectivo, el sistema queda diseñado para el uso político y el espionaje ilegal.
En resumen, la normativa actual prioriza el control estatal por sobre los derechos fundamentales, restaurando prácticas de vigilancia que se consideraban superadas en la democracia argentina y dejando al individuo desprotegido frente al aparato de inteligencia del Estado.
La temporada veraniega, finalmente muestra a las claras la crisis económica que azota a las Argentina. Empresarios, comerciantes no dejan de expresar la merma en la cantidad de turistas, y por otro lado que quienes han viajado a los centros turísticos de nuestro país “lo hacen por dos o tres días promedio, y no gastan”. Las fotos de veranos anteriores, o realizadas con IA que polulan en las redes de los troll contratados por el Estado Nacional, no hacen otra cosa que avalar esto.
En este contexto el Presidente Javier Milei, luego de un estruendoso silencio, y una notable ausencia en la primer quincena del año, sin agenda, ni apariciones públicas, ni declaraciones hizo acto de presencia en el Festival de Villa María, el cual es subvencionado en gran parte por el Estado, y luego de denostar a los festivales populares durante los dos años de gestión. Una contradicción más y van… Otra muestra de falta de empatía con las comunidades de nuestra Nación asediados por catástrofes, y van…Otro fracaso más del experto en crecimiento con o sin dinero, y van…Otra copia más de lo más nefasto de las políticas neo nazis, y van…
Ahora bien, ¿Y el peronismo, el justicialismo, el progresismo, la izquierda, la oposición? Eso será análisis de otra editorial.