El gobierno de Javier Milei confirmó que el proyecto de Ley Penal Juvenil será tratado en las sesiones extraordinarias de febrero. La iniciativa propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con penas de hasta 15 años de prisión, reabriendo un debate sensible en torno a la seguridad y el rol del Estado frente a la niñez y la adolescencia.
La propuesta fue respaldada por la senadora Patricia Bullrich, quien celebró su inclusión en la agenda parlamentaria y planteó el debate en términos de mano dura y justicia para las víctimas. En la misma línea, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se pronunció a favor de una reforma que permita condenar penalmente a niños de 14 años y cuestionó el enfoque “garantista” de la legislación vigente.
Desde los organismos de derechos humanos, en cambio, advirtieron que la iniciativa se apoya en una lógica punitiva que no responde a la realidad del delito juvenil. La titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, señaló que los delitos cometidos por menores de 16 años representan menos del 0,1% del total, y que en la mayoría de los casos existen adultos involucrados.
Para estos sectores, la baja de la edad de imputabilidad no aborda las causas estructurales de la violencia ni la responsabilidad de los adultos y del propio Estado. En ese sentido, sostienen que el proyecto termina focalizando el castigo en niños y niñas en situación de vulnerabilidad, sin ofrecer soluciones de fondo en materia de prevención, inclusión y políticas públicas.