El ministro de Defensa, Carlos Presti, designó al militar Pablo Javier Barbich al frente de la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El nombramiento le otorga un rol clave en el sistema de inteligencia militar y en la articulación con la SIDE, en un contexto marcado por decisiones del Gobierno que amplían la presencia de militares en áreas sensibles del Estado.
La designación generó polémica por los antecedentes familiares del nuevo funcionario. Su padre, Alberto César Barbich, fue un oficial de la Armada que reivindicó públicamente el accionar represivo de la última dictadura. En 1987 firmó una solicitada de almirantes que habló de una “guerra legítima”, encabezó el Grupo de Almirantes Retirados y militó activamente contra los juicios por delitos de lesa humanidad.
Alberto Barbich negó el plan sistemático de apropiación de bebés, respaldó a represores y declaró como testigo en defensa del prefecto Héctor Febres, implicado en crímenes cometidos en la ESMA. Murió en 2022 sin haber sido juzgado, pero su trayectoria lo ubicó entre los defensores más explícitos del terrorismo de Estado.
Desde organismos de derechos humanos hubo un rechazo inmediato. La agrupación H.I.J.O.S Capital repudió la designación y cuestionó el silencio del nuevo jefe de Inteligencia. “Ni Presti hijo ni Barbich hijo se pronunciaron públicamente para diferenciarse de las ideas y prácticas de sus padres”, señalaron. El nombramiento vuelve a encender alertas sobre el rumbo de la política de Defensa e Inteligencia y la falta de señales claras de compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.