La reciente intervención del puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional puso nuevamente en primer plano el poder que conserva el Estado nacional sobre el sistema portuario argentino. Tal como establece la Ley 24.093, la Nación mantiene facultades para habilitar, controlar e incluso intervenir puertos públicos o privados cuando considere que está en riesgo la continuidad, seguridad o finalidad de la operatoria. Para especialistas en la materia, el hecho no resulta novedoso desde lo jurídico, pero sí significativo desde lo político por el uso discrecional de una normativa amplia y difusa.
En un análisis crítico, el dirigente portuario Miguel Ángel Bayón, integrante de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, advierte que el gobierno de Javier Milei ejerce el poder estatal con una intensidad que contrasta con gestiones anteriores, aunque orientada a intereses ajenos al control público y soberano. Según Bayón, la intervención en Ushuaia se apoyó en un argumento secundario, utilizado como pretexto para avanzar sobre una administración estratégica, demostrando que, cuando los objetivos están claros, siempre es posible encontrar una “observación” que habilite la intervención.
El antecedente genera preocupación por su posible proyección sobre otros puertos, en particular Puerto Quequén, donde la concesión lleva cuatro años de prórrogas provisorias. Bayón plantea distintos escenarios: desde una intervención directa del gobierno nacional ante reclamos de exportadoras, hasta una licitación acelerada por parte de la Provincia que termine favoreciendo intereses extranjeros. En ambos casos, advierte, el resultado sería una pérdida política y estratégica para el gobierno bonaerense y para la soberanía portuaria.
Frente a ese panorama, el referente soberanista sostiene que la única salida favorable sería avanzar en una licitación con participación estatal, siguiendo la propuesta de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén. Incluso ante una eventual intervención posterior del gobierno nacional, Bayón considera que el conflicto podría fortalecer al movimiento popular y al gobierno provincial en el plano político, al exponer una disputa abierta por la soberanía. En un contexto de creciente abstención electoral y desgaste de las “propuestas de baja intensidad”, el debate portuario aparece como un eje central para reconstruir un programa con contenido soberanista de cara al próximo escenario electoral.