La Iglesia Católica Argentina ha vuelto a manifestar su firme rechazo a la propuesta del gobierno de Javier Milei de reducir la edad de imputabilidad, fundamentando su postura en el documento “Más oportunidades que penas”, publicado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social en marzo de 2025. A través de este texto, la jerarquía eclesiástica sostiene que la inseguridad y la delincuencia juvenil no se resuelven con el endurecimiento de las penas, sino asumiendo cambios profundos ante una realidad que interpela a toda la sociedad. La Iglesia advierte que Argentina padece las consecuencias de administraciones que no han logrado crear una cultura del trabajo digna, lo que ha derivado en problemas de desarrollo humano y psicoactivo que hoy se manifiestan en la violencia.
El documento aclara, si bien existe una solidaridad absoluta con las víctimas de delitos, la estadística oficial del Sistema Nacional de Información Criminal demuestra que los menores inculpados representan un porcentaje muy bajo del total de los delitos cometidos, desmitificando la idea de que ellos sean los principales responsables de la inseguridad. La Pastoral Social critica que el debate actual se limite a voces mediáticas o políticas y reclama la intervención de especialistas en psicología y pedagogía, quienes sostienen que la baja de la edad de imputabilidad no es una medida razonable frente a abordajes más complejos. Desde la visión de la Iglesia, el verdadero foco debería estar puesto en el combate al narcotráfico, que desde hace décadas gana territorio destruyendo familias, y en la falta de oportunidades educativas y de contención que empujan a los jóvenes hacia la exclusión.
La oposición de la Iglesia a la iniciativa libertaria radica también en una cuestión de infraestructura y valores: el texto cuestiona dónde se recluiría a estos menores y si el sistema penitenciario actual ofrece alguna garantía de reinserción. La Iglesia se pregunta si el proyecto de país para 2025 requiere más cárceles o más escuelas, y si el presupuesto debería destinarse a guardiacárceles o a docentes con salarios dignos. Para el Episcopado, es urgente reformar el sistema educativo y potenciar clubes, capillas y centros vecinales en los barrios más vulnerables antes que modificar una ley que ya contempla la imputabilidad a partir de los 16 años. Finalmente, el documento hace un llamado a la grandeza política para evitar medidas que solo buscan impacto electoral, instando al Estado y a la sociedad civil a superar la cultura del descarte y ofrecer a los jóvenes un futuro de esperanza que no termine en la droga, el exilio o el cementerio.