Desde Tunuyán hasta Uspallata, asambleas y vecinos sostienen protestas permanentes contra el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino. Denuncian falta de licencia social, riesgos hídricos y una política de criminalización de la protesta.
La aprobación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, conocido como Proyecto San Jorge, profundizó el conflicto ambiental en Mendoza y reactivó una ola de movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Desde el Valle de Uco, una de las zonas más activas de la resistencia, la asambleísta ambiental Emma, vecina de Tunuyán, describió un escenario de alta tensión social y protestas sostenidas contra la megaminería metalífera.
“En Tunuyán sostenemos un acampe permanente desde el 6 de diciembre en el puente sobre el río Tunuyán”, explicó. La medida se inició tras la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero, votada por la Legislatura provincial a fines de noviembre y convertida en ley en diciembre. Según relató, desde entonces “no pasa un solo día en Mendoza sin alguna acción de protesta”.
Emma remarcó que el rechazo al proyecto atraviesa a gran parte de la sociedad mendocina, y dijo que “en Mendoza no hay licencia social para la megaminería, y menos aún en Uspallata”. En ese sentido, denunció que el avance del proyecto se dio “a espaldas del pueblo”, acompañado por una fuerte campaña oficial en los grandes medios, ya que “el Gobierno provincial gastó millones de dólares en propaganda pro minera”.
Las protestas se expresan de múltiples formas como ruidazos, volanteadas, banderas en actos oficiales y acciones durante las fiestas de la Vendimia. Incluso, durante una reciente visita del gobernador Alfredo Cornejo a Tunuyán, vecinos desplegaron consignas contra el proyecto en pleno acto público, sin incidentes.
La referente ambiental recordó que la resistencia a la megaminería en Mendoza tiene más de dos décadas y fue impulsada históricamente por las asambleas por el agua. Sin embargo, destacó que los mayores logros se alcanzaron cuando el reclamo se amplió al conjunto de la sociedad. “Las victorias siempre fueron posibles porque se sumaron familias, trabajadores, sindicatos y otros sectores”, señaló.
Si bien reconoció una menor participación sindical en la actualidad, subrayó que el acampe en Tunuyán se sostiene gracias al apoyo de vecinos y comerciantes. “Hay una conciencia muy fuerte sobre el valor del agua, porque en Mendoza es un bien escaso”, indicó.
Uno de los principales temores frente al avance del proyecto San Jorge es el impacto sobre los recursos hídricos. Emma advirtió que Mendoza ya no atraviesa una crisis hídrica coyuntural, sino una “nueva realidad” de escasez estructural. “Cada vez hay menos agua disponible para el consumo humano y la agricultura”, alertó.
Además, señaló que el emprendimiento se ubica en la cabecera de la cuenca del río Mendoza, que abastece de agua potable a más de un millón de personas. “Cualquier contaminación puede tener consecuencias graves y permanentes”, afirmó, y recordó que organismos técnicos como el CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y su Facultad de Medicina desaconsejaron avanzar con el proyecto por los riesgos ambientales y sanitarios.
Sobre Uspallata, la entrevistada advirtió que el impacto sería “altísimo”, con voladuras diarias, destrucción del paisaje, contaminación del aire y afectación directa a glaciares que funcionan como reservas de agua. También alertó sobre el daño al turismo y a las actividades tradicionales.
Desde enero de 2025, se registraron más de 20 detenciones en el marco de protestas antimineras. Para Emma, se trata de una estrategia de disciplinamiento social. “Para que una mina se instale, primero hay que dividir a la comunidad y luego perseguir a quienes se oponen”, afirmó.
Si bien reconoció que estas políticas generan miedo, también comentó que fortalecen la organización interna: “La mayoría de la población es pacífica, pero se informa y se prepara para defender sus derechos”.
De cara a los próximos meses, anticipó un escenario de conflicto prolongado. Existen amparos judiciales y acciones de inconstitucionalidad en curso, aunque advirtió sobre la lentitud de la Justicia y las presiones políticas. También alertó sobre un posible intento de modificar la Ley Nacional de Glaciares, lo que podría reactivar la movilización a nivel nacional.