Por Santiago Manuel Ladagga
El acceso al poder —político, institucional o económico— no suele modificar de raíz la personalidad de quien lo ejerce, pero sí altera de manera significativa su comportamiento, sus vínculos y su forma de percibir la realidad. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la psicología social y clínica contemporánea.
Investigaciones como las de Dacher Keltner, particularmente desarrolladas en The Power Paradox (2016), coinciden en que el poder no crea rasgos nuevos, sino que amplifica los existentes y reduce los frenos conductuales que normalmente impone el entorno social. En ese desplazamiento sutil comienzan transformaciones que rara vez son advertidas por quien las protagoniza.
Uno de los efectos más documentados es la desinhibición conductual. Keltner y su equipo demostraron que las personas en posiciones de poder tienden a actuar con mayor impulsividad, a interrumpir más, a asumir riesgos éticos superiores y a mostrar menor sensibilidad emocional frente a los demás. No se trata necesariamente de corrupción moral deliberada, sino de una disminución progresiva del autocontrol. El cargo opera como un amortiguador de consecuencias y genera la percepción —muchas veces errónea— de que ciertas conductas ya no requieren justificación.
A este proceso se suma una reconfiguración del yo. Desde la psicología individual de Alfred Adler y la psicología humanista de Abraham Maslow, se advierte que cuando el reconocimiento externo y el poder material no están acompañados por una identidad personal integrada, el yo tiende a inflarse. El rol se confunde con la persona y el cargo pasa a funcionar como fuente principal de autoestima.
Este fenómeno fue observado reiteradamente en estudios sobre liderazgo político y empresarial, donde el sentimiento de excepcionalidad antecede a la pérdida de límites. Casos históricos como el de líderes que comenzaron con discursos austeros y terminaron rodeados de privilegios muestran cómo esta inflación no suele ser inmediata, sino progresiva y racionalizada.
El impacto del poder también se manifiesta con fuerza en los vínculos. La psicología social, especialmente a partir de los aportes de Henri Tajfel sobre identidad social y categorización, explica cómo las personas en posiciones dominantes reorganizan su entorno relacional. Los vínculos tienden a volverse instrumentales: se valora a los otros por su utilidad, su obediencia o su capacidad de reforzar el relato dominante.
Este mecanismo no solo empobrece la calidad humana de las relaciones, reduce la diversidad de miradas y genera un aislamiento emocional que suele confundirse con fortaleza, sino que debilita los sistemas de control informal. La historia política ofrece múltiples ejemplos de líderes que, al rodearse exclusivamente de aliados complacientes, perdieron contacto con la realidad social que decían representar.
En paralelo, se produce una alteración de la percepción moral. Albert Bandura definió este proceso como “desenganche moral”, un conjunto de mecanismos cognitivos que permiten justificar acciones contrarias a los propios valores sin experimentar culpa. En contextos de poder, estas racionalizaciones aparecen bajo formas como “es necesario”, “todos lo hacen” o “el fin justifica los medios”. En el ejercicio del poder, decisiones cuestionables empiezan a verse como necesarias, inevitables o propias de las reglas del juego. El daño se minimiza, la responsabilidad se diluye y la coherencia ética se fragmenta, no desde la maldad explícita, sino desde la racionalización permanente.
Finalmente, el poder rompe el circuito del feedback real. La psicología cognitiva, a través de autores como Aaron Beck, ha demostrado cómo la falta de retroalimentación honesta refuerza sesgos y distorsiones en la percepción de la realidad. A mayor jerarquía, menor verdad circula. El entorno deja de confrontar por miedo, conveniencia o dependencia, y la obediencia comienza a confundirse con respeto. El funcionario termina gobernando sobre una realidad filtrada, convencido de que todo funciona porque nadie se anima a señalar lo contrario.
Ahora bien, sería un error asumir que estos efectos son universales e inevitables. La literatura académica reconoce que el impacto psicológico del poder varía según los contextos institucionales, los sistemas de control, la cultura política y la historia personal de cada individuo. Existen modelos alternativos, especialmente desde la psicología organizacional y la teoría republicana del poder, que sostienen que instituciones sólidas, límites claros y culturas de rendición de cuentas pueden atenuar significativamente estos riesgos. También hay liderazgos que, apoyados en trayectorias personales estables y redes de contención genuinas, logran ejercer poder sin caer en estas derivas.
Sin embargo, estas perspectivas coinciden en un punto: a mayor poder, mayor debe ser el cuidado psicológico de quien lo ejerce. Por ello, lejos de ser una sospecha, la incorporación de espacios de acompañamiento psicológico obligatorio y confidencial para funcionarios públicos se erige como una medida razonable y necesaria. La evidencia clínica indica que este apoyo no debilita la autoridad; por el contrario, preserva el contacto con la realidad, ayuda a reconocer sesgos y sostiene la responsabilidad ética.
En una era donde el poder tiende a personalizarse y aislarse, humanizarlo mediante mecanismos de contención y autoconciencia no es un gesto de debilidad. Es, quizás, una de las inversiones más estratégicas en la salud de la democracia misma, reconociendo que el primer eslabón en la cadena de la corrupción o la desconexión no es siempre moral, sino frecuentemente psicológico. La fortaleza de un sistema no se mide solo por sus límites externos al poder, sino también por su capacidad para proteger a quienes lo ejercen de sus propias transformaciones internas. Humanizar el poder no es un gesto de debilidad institucional, sino una inversión en salud democrática.