El gobierno de Javier Milei, que se presentó como una ruptura absoluta con la política tradicional y prometió terminar con “la casta”, empieza a mostrar un rostro muy distinto al que ofreció durante la campaña. Lo que se anunciaba como una revolución moral y económica aparece cada vez más atravesado por denuncias de corrupción, favoritismos, conflictos de interés y una creciente distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de millones de argentinos.
La revelación de créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a empresarios y funcionarios cercanos al oficialismo fue apenas el último episodio de una cadena de escándalos que viene erosionando la credibilidad del gobierno. Las coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS);los nombramientos y favoritismos en la Justicia, las maletas sin control aduanero y la compra de medicamentos y posibles sobornos con alguno de los casos que demuestran que la promesa de transparencia y meritocracia parece haberse transformado en un sistema de privilegios para los propios.
A eso se sumó el llamado “caso Libra”, un escándalo que golpeó políticamente al oficialismo en el último año. La investigación judicial y parlamentaria sobre la criptomoneda promocionada por Milei a través de sus redes sociales dejó al descubierto vínculos entre el Presidente y empresarios del mundo financiero y cripto. La comisión investigadora del Congreso concluyó que Milei tuvo un “rol indispensable” en una operatoria que terminó perjudicando a miles de inversores, mientras nuevas filtraciones revelaron contactos directos y reiterados entre el mandatario y los organizadores del negocio.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el caso expuso un mecanismo más profundo: empresarios con llegada privilegiada al poder, funcionarios que mezclan intereses públicos y privados, y una estructura política cada vez más parecida a aquello que el propio Milei denunciaba.
En paralelo, también aparecieron denuncias sobre contrataciones direccionadas, licitaciones poco transparentes y designaciones de familiares y allegados en puestos clave del Estado.
Pero el caso que más impacto tuvo en la opinión pública fue el que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni. Las denuncias sobre sus reiterados viajes en vuelos privados, la inclusión de su esposa dentro de la comitiva presidencial en desplazamientos oficiales y la adquisición de propiedades cuyo valor resulta difícil de explicar con los ingresos declarados por un funcionario de su rango golpearon de lleno el discurso oficial.
No se trata de una acusación abstracta ni de una operación política difícil de comprender. Por el contrario, el caso repercutió porque es visible, concreto y burdo: fotos, registros de vuelos, operaciones inmobiliarias, jubiladas de escasos ingresos que supuestamente prestaron dinero a Manuel Adorni y privilegios familiares incompatibles con el relato de austeridad que el gobierno predica todos los días.
Mientras el oficialismo se presenta como la “reserva moral de la Nación” y acusa al resto de la dirigencia de vivir de privilegios, uno de sus funcionarios más emblemáticos aparece rodeado de comportamientos que recuerdan a las peores prácticas de la vieja política. La utilización de recursos y vínculos de poder para beneficio personal vuelve todavía más evidente la contradicción entre lo que el gobierno dice y lo que efectivamente hace. Las acusaciones que alcanzan a la Jefatura de Gabinete, a organismos descentralizados y a empresas públicas muestran que el problema ya no puede explicarse como “errores” o “casos individuales”. Se trata de una lógica de gobierno.
El relato libertario también empieza a resquebrajarse frente a la situación económica. Una inflación que no cede, que este año se estima mayor que, por ejemplo, el último año del gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner y que encima, lo hizo sobre la base de una caída brutal del consumo, de los salarios y de la actividad económica. Las turbulencias inflacionarias no llegan de la mano de una recuperación productiva, sino de una profunda recesión.
Durante marzo de 2026 la inflación volvió a mostrar señales de aceleración. El aumento de los combustibles, de las tarifas y de los alimentos volvió a empujar los precios hacia arriba, alejando la promesa oficial de perforar el 1% mensual. Al mismo tiempo, los salarios continúan corriendo por detrás de los precios y la pérdida del poder adquisitivo ya lleva más de dos años consecutivos.
Las estadísticas oficiales muestran una baja de la pobreza respecto del pico alcanzado tras la devaluación inicial del gobierno. Sin embargo, detrás de ese dato persiste una realidad social muy dura: millones de argentinos sobreviven gracias a changas, empleo informal, endeudamiento o asistencia alimentaria. La mejora estadística convive con una economía donde cierran comercios, se frenan pequeñas industrias y crece la precarización.
La desocupación y la informalidad son dos de las caras más visibles de este deterioro. Cada vez más trabajadores quedan fuera del empleo registrado y deben recurrir a trabajos temporarios o por cuenta propia para sostenerse. La industria, la construcción y el comercio atraviesan una de sus peores crisis de los últimos años, mientras las pymes denuncian caída de ventas, apertura indiscriminada de importaciones y falta de crédito.
La inversión extranjera, que el gobierno prometía como una lluvia inevitable, tampoco aparece. A pesar de las concesiones fiscales, la flexibilización laboral y el ajuste, los capitales siguen mirando a la Argentina con desconfianza. La incertidumbre política, los escándalos de corrupción y la fragilidad del esquema económico terminan alejando incluso a quienes podían estar interesados en invertir.
El gobierno insiste en que no hay alternativa y que cualquier crítica es un intento de “volver al pasado”. Pero la realidad muestra otra cosa: el modelo libertario no eliminó a la casta, sino que construyó una nueva. Una casta de empresarios amigos, operadores financieros y funcionarios con acceso privilegiado al Estado.
La casa que Milei prometía construir sobre la base de la honestidad, el mérito y la libertad empieza a mostrar grietas profundas. El discurso antiestatal convive con privilegios para los propios; la promesa de prosperidad, con salarios pulverizados; y la bandera de la transparencia, con escándalos cada vez más difíciles de explicar.
La movilización de las fuerzas federales frente al Edificio Centinela dejó al descubierto una fisura inesperada para el oficialismo. Los mismos sectores que el gobierno mostraba como garantes del orden y sostén de su política de seguridad terminaron protagonizando una protesta inédita, unificados por reclamos salariales y por el deterioro de la atención médica. Ni el bono extraordinario anunciado a último momento logró contener el malestar. La imagen de policías, gendarmes, prefectos y penitenciarios reclamando en la calle reveló que la pérdida de respaldo ya no alcanza solo a los sectores opositores, sino también a espacios que hasta hace poco se consideraban parte del núcleo más cercano al gobierno.
El nuevo fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal significó otro duro revés para el gobierno nacional en su disputa con las universidades. La Justicia ratificó que el Ejecutivo está obligado a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, actualizando salarios docentes, becas y partidas presupuestarias, pese a que la Casa Rosada había intentado frenar su aplicación con el argumento de resguardar el superávit fiscal. La decisión judicial dejó al descubierto los límites del ajuste sobre el sistema universitario y fortaleció el reclamo de rectores, docentes y estudiantes, que desde hace meses denuncian el vaciamiento presupuestario de las universidades públicas
Como corolario el gobierno sufrió un fuerte revés judicial luego de que el juez laboral Raúl Ojeda hiciera lugar a una cautelar presentada por la CGT y suspendiera la aplicación de 82 artículos centrales de la reforma laboral impulsada por Javier Milei. El fallo frenó modificaciones vinculadas a indemnizaciones, extensión del período de prueba, limitaciones al derecho de huelga y cambios en la negociación colectiva, al considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de “daños irreparables” para los trabajadores. La decisión representa una victoria política para la central obrera y un duro golpe para una de las principales banderas del oficialismo
La semana pasada había sido la peor del gobierno en su gestión, pero relegó su primer lugar a ésta, donde los escándalos y los problemas económicos se profundizan. De mal en peor.
La gran pregunta ya no es si este modelo puede sostenerse económica y socialmente, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse políticamente. Porque cuando la esperanza se convierte en decepción, y la bronca se mezcla con la sensación de haber sido engañados, la paciencia social tiene un límite.
Pero como bien decíamos en la editorial de la semana pasada, la sociedad, las ciudadanos y ciudadanos, según sondeos, encuestas, y por lo que plantean en nuestros móviles también miran con expectativa quien puede tomar la posta en este momento tan complejo y triste, que propuesta alternativa al fracaso libertario aparece en el horizonte, quienes proponen un proyecto de país en perspectiva de futuro, concreto, visible, palpable, con justicia y posibilidades para todos, y con fuerte espíritu de unidad nacional.