Axel Kicillof comenzó la semana con un espaldarazo político de enorme magnitud. La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de revertir, al menos provisoriamente, el criterio con el que la jueza Loretta Preska había fallado en favor del fondo buitre Burford volvió a poner en escena una discusión que lleva más de una década: la recuperación de YPF y el sentido de la soberanía económica. Para Kicillof, principal arquitecto de la reestatización de la petrolera en 2012, el fallo significó mucho más que una novedad judicial. Fue la reivindicación de una idea central: que el interés público y la Constitución están por encima de cualquier estatuto privado.
El gobernador aprovechó ese escenario para volver a dar una batalla política e ideológica. Recordó que la privatización de YPF en los años noventa no solo significó la pérdida del control sobre un recurso estratégico, sino también una de las causas de la crisis energética y de divisas que sufrió el país. Bajo la administración de REPSOL, la producción de petróleo y gas cayó drásticamente y la Argentina pasó de tener superávit energético a depender de la importación de combustibles. La recuperación de YPF, sostuvo Kicillof, fue realizada respetando la Constitución y las leyes nacionales, pagando una indemnización a REPSOL y declarando el control de la empresa como de interés público. Por eso, el revés para los fondos especulativos aparece también como una reivindicación política de aquella decisión.
Pero el gobernador no se quedó en el plano simbólico. También utilizó el caso para contrastar dos modelos. De un lado, la idea de que YPF debe ser una herramienta para proteger el bolsillo de los argentinos, garantizar energía accesible y apuntalar un proceso de industrialización. Del otro, la mirada privatista del gobierno nacional, al que acusó de comprender únicamente la lógica del negocio y de poner en riesgo los recursos estratégicos del país. No fue casual que, en medio de la discusión, Kicillof insistiera con el precio de los combustibles y reclamara que la petrolera nacional vuelva a cumplir un rol regulador frente a la volatilidad internacional.
Con ese respaldo político a cuestas, la semana continuó con una agenda de gestión que buscó mostrar presencia territorial y un Estado activo. En Berisso, Kicillof inauguró un playón deportivo en el Parque Abuelas de Plaza de Mayo y puso en funcionamiento una nueva sede de la Comisaría de la Mujer. Allí volvió a trazar un contraste con la Casa Rosada: mientras el gobierno nacional ajusta, paraliza obras y niega la violencia de género, la provincia intenta sostener infraestructura, políticas de inclusión y dispositivos de protección. El mensaje fue claro: aun en un contexto de crisis y recortes, la gestión bonaerense pretende exhibirse como una administración que no abandona los barrios ni renuncia a intervenir. Queda pendiente el debate local sobre los recursos, las necesidades o prioridades, la planificación estratégica y territorial para el emplazamiento de la obra pública, entre otros aspectos que se abordan en la editorial regional.
La misma lógica atravesó el acto de egreso de 1.547 nuevos oficiales de la Policía bonaerense en la Escuela Juan Vucetich. Lejos de correrse de un tema sensible, Kicillof volvió a instalar la seguridad como una prioridad de su gobierno. Habló de inversión, equipamiento y capacitación para recuperar el prestigio de la fuerza, al tiempo que cuestionó al gobierno nacional por la falta de políticas contra el narcotráfico. En una provincia atravesada por demandas crecientes en materia de seguridad, el gobernador intentó mostrarse como alguien que no se refugia en discursos abstractos, sino que busca responder con gestión concreta.
Sin embargo, el cierre de la semana tuvo una dimensión más amplia. La participación de Kicillof en Tierra del Fuego, primero en la vigilia de Río Grande y luego en el acto central por Malvinas en Ushuaia, le permitió colocarse en un escenario de fuerte contenido simbólico y político. Allí, rodeado por gobernadores, intendentes, veteranos y dirigentes de distintos sectores, volvió a hablar de soberanía, federalismo y patria. Pero además dejó una señal hacia adentro y hacia afuera del peronismo.
Hacia adentro, porque la foto con Gustavo Melella, Ricardo Quintela, Walter Vuoto y otros dirigentes mostró la búsqueda de un espacio común en momentos de dispersión y tensiones internas. En medio de las discusiones sobre liderazgos, estrategias y candidaturas, Kicillof eligió un escenario atravesado por la causa Malvinas para enviar un mensaje de unidad. Hacia afuera, porque la reivindicación de la soberanía nacional y la crítica al gobierno de Javier Milei intentaron construir un discurso capaz de interpelar no solo al peronismo, sino también a sectores más amplios que ven con preocupación el debilitamiento del Estado y la entrega de recursos estratégicos.
La secuencia de la semana no parece casual. Empezó con la reivindicación de una de las decisiones más importantes de la historia reciente del kirchnerismo, siguió con actos de gestión territorial y terminó con una puesta en escena federal y patriótica. En cada uno de esos momentos apareció la misma idea: frente al ajuste, la privatización y la fragmentación, Kicillof busca mostrarse como el dirigente capaz de sostener un proyecto basado en la presencia del Estado, la defensa de la soberanía y la unidad política.