En medio de las dificultades que persisten para el acceso al cannabis medicinal en Argentina, organizaciones de la sociedad civil vuelven a poner en agenda la necesidad de avanzar en un marco regulatorio provincial que complemente la legislación nacional y garantice el derecho a la salud.
Claudia Pérez, referente de la ONG Madres Cultivadoras Argentinas, explicó que junto a otras organizaciones, como Cannabis Medicinal Bahía Blanca, trabajan en la actualización de un proyecto de ley provincial presentado originalmente en 2021. La iniciativa busca adaptarse al nuevo escenario normativo, tras la sanción de la Ley 27.669 que regula la producción de cannabis.
“El problema no es la falta de leyes, sino el acceso”, señaló Pérez, y recordó que la Ley 27.350 -que regula el uso medicinal- está próxima a cumplir diez años sin que el Estado haya logrado garantizar plenamente la provisión a quienes lo necesitan.
Según explicó, el objetivo es que la provincia de Buenos Aires cuente con un marco propio que no sólo contemple el uso terapéutico, sino también la producción, la investigación y el trabajo de organizaciones que hoy sostienen gran parte del acompañamiento a pacientes. “Hay una red muy amplia en la Provincia, con distintos roles vinculados a la salud, que necesita una regulación que la proteja”, afirmó.
Uno de los puntos en debate es la posibilidad de implementar herramientas provinciales complementarias al Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), que habilita el cultivo y la tenencia con fines medicinales. Si bien Pérez reconoció que multiplicar registros puede resultar “engorroso”, también cuestionó las dificultades a nivel nacional que obligan a pensar alternativas locales que brinden mayor previsibilidad.
“Hay que tener paciencia, pero también seguir reclamando. No se puede interrumpir un tratamiento por demoras administrativas”, sostuvo.
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