La Provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo para frenar la aplicación de la nueva Ley de Glaciares, en una reacción inmediata tras su aprobación en el Congreso. La iniciativa judicial, impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, organizaciones ambientales y asociaciones civiles, busca que se declare la inconstitucionalidad de la norma y se suspendan sus efectos de manera urgente.
“La veníamos trabajando desde antes, porque sabíamos que podía salir”, explicó la fiscal general pampeana, Romina Schmidt, al dar cuenta de la rapidez con la que se presentó el recurso. En efecto, la acción judicial fue ingresada apenas horas después de la sanción, lo que refleja no solo previsión técnica sino también una decisión política de intervenir sin dilaciones.
El eje del planteo apunta a un cambio central introducido por la nueva legislación; la eliminación de los presupuestos mínimos de protección sobre el ambiente glacial y periglacial. A partir de ahora, serán las provincias las que definan qué se considera glaciar y qué actividades pueden desarrollarse en esas zonas, incluyendo proyectos extractivos.
Para La Pampa, esto implica un riesgo directo. “El único río que tenemos activo, el Colorado, depende de glaciares ubicados en Mendoza. Si esas zonas quedan sujetas a decisiones provinciales sin un marco nacional, el impacto nos afecta de lleno”, advirtió Schmidt.
La preocupación no es abstracta. La provincia arrastra desde hace décadas el conflicto por el río Atuel, cuyo caudal fue prácticamente interrumpido por el uso aguas arriba en Mendoza. A pesar de un fallo de la Corte Suprema que ordena su restitución, la situación sigue sin resolverse. Ese antecedente alimenta la desconfianza frente a un esquema que delega en las jurisdicciones el control de recursos estratégicos.
En el caso del río Colorado, la alarma se enciende por la presencia de decenas de proyectos mineros en zonas cercanas a los glaciares. Según detalló la fiscal, ya existen más de 30 iniciativas en carpeta. “El problema no es solo la cantidad de agua, sino la calidad. Lo que llegue río abajo puede no ser apto para consumo humano”, sostuvo.
El amparo también cuestiona el proceso de discusión de la ley, al considerar que las audiencias públicas no garantizaron un debate real ni una participación efectiva de la ciudadanía.
Mientras se espera una definición judicial sobre la medida cautelar, que podría suspender la aplicación de la norma, desde La Pampa plantean la necesidad de reabrir el debate en términos más amplios. “El agua no reconoce límites provinciales. Lo que se decide en un territorio impacta en todo el país”, resumió.
En un contexto de creciente tensión por los recursos naturales, el caso vuelve a poner en el centro una discusión de fondo; quién decide sobre bienes estratégicos y bajo qué criterios se resguarda su uso para las generaciones futuras.
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