No está mal aprovechar algunos resquicios que ofrece el propio sistema para leerlo en clave emancipadora. En tiempos donde se lee poco y se scrollea mucho, las plataformas pueden convertirse —aunque sea por accidente— en una puerta de entrada a ciertas preguntas incómodas. A veces una serie lleva a un libro; otras veces, una ficción termina ayudándonos a mirar la realidad con otros ojos.
Por estos días volvió a circular en plataformas «El cuento de la criada», la novela que Margaret Atwood publicó en 1985 y que años después se transformó en una serie de enorme éxito. Atwood escribió aquella historia en un contexto atravesado por la Guerra Fría, el auge de los conservadurismos y la creciente influencia de sectores religiosos en la política norteamericana. Nunca pretendió escribir una fantasía futurista desconectada del mundo real. Por el contrario, tomó elementos que ya habían existido en la historia —dictaduras, fanatismos, persecuciones, sistemas de vigilancia— y los llevó al extremo para mostrar hasta dónde puede degradarse una democracia cuando las instituciones dejan de funcionar como límite al poder.
La trama es ciertamente conocida. En una sociedad llamada Gilead, surgida tras el derrumbe de la democracia estadounidense, un régimen teocrático reorganiza la vida de las personas bajo un estricto sistema de control. Pero la fuerza del libro nunca estuvo en la descripción de ese mundo opresivo sino en algo mucho más inquietante: mostrar que ninguna sociedad llega a ese punto de un día para otro. Los derechos no desaparecen de golpe. Se van perdiendo lentamente, casi siempre en nombre de una causa superior, una emergencia o una promesa de salvación.
Quizás por eso la historia sigue interpelando. No porque prediga el futuro, sino porque obliga a prestar atención a ciertas señales. Y algunas de esas señales resuenan hoy en la Argentina.
No, la Argentina no es Gilead. Seguimos viviendo en una democracia con elecciones, partidos políticos, sindicatos, universidades, medios de comunicación y una sociedad civil activa. Pero justamente porque todavía vivimos en democracia vale la pena preguntarse si no estamos naturalizando prácticas que, en otro contexto, nos preocuparían bastante más.
Una de ellas es la creciente aceptación de una democracia de baja intensidad. Las instituciones siguen ahí, formalmente intactas, pero cada vez parece más instalado que sólo son válidas cuando coinciden con la voluntad del Poder Ejecutivo. Las leyes votadas por el Congreso se relativizan, los controles son presentados como trabas y las decisiones judiciales son celebradas o descalificadas según a quién beneficien. Poco a poco se desliza una idea peligrosa: que la legitimidad no proviene de las reglas comunes sino exclusivamente del liderazgo. La justicia para-lela-mente actúa siempre en post de los grandes grupos económicos, con visible doble vara, muchas veces apañando al poder político de turno y muy de vez en cuando dictaminando en favor de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. ¿Justicia?
También aparece otra lógica que debería preocuparnos: la división binaria permanente entre amigos y enemigos. El que acompaña es ciudadano de bien; el que cuestiona es sospechoso. Y así, periodistas, artistas, científicos, universidades, organizaciones sociales o cualquier voz crítica pasan a integrar una especie de elenco estable de adversarios a los que no se debate, sino que se desacredita, se insulta, se increpa o reprime. La crítica deja de ser parte de la democracia para convertirse en una amenaza. ¿Democracia?
En ese marco resulta difícil no advertir el componente mesiánico que atraviesa buena parte del discurso presidencial. La idea de un líder que no sólo gobierna, sino que se percibe a sí mismo como portador de una misión histórica, alguien que viene a revelar una verdad que el resto todavía no alcanza a comprender. La historia política ofrece numerosos ejemplos de liderazgos que, convencidos de representar un destino superior, terminan chocando con cualquier límite institucional que se interponga en su camino.
Pero si Atwood alertaba sobre los peligros del poder político, el siglo XXI agregó un ingrediente nuevo: la tecnología. Las distopías contemporáneas ya no necesitan exclusivamente censura o represión. También pueden construirse mediante datos.
Hoy es posible recopilar información, cruzar comportamientos, detectar patrones y construir perfiles con una capacidad impensada hace apenas unas décadas. Todo eso puede servir para diseñar mejores políticas públicas. Pero también puede utilizarse para vigilar, clasificar y controlar.
Por eso despiertan interrogantes iniciativas vinculadas al procesamiento masivo de información, el llamado Gemelo Digital Social o los acuerdos con empresas como Palantir, especializadas en inteligencia y análisis de datos. La cuestión de fondo no es tecnológica. La pregunta es política: quién controla esas herramientas, bajo qué reglas, con qué límites, con qué mecanismos efectivos de supervisión democrática.
Porque la experiencia histórica muestra algo bastante simple: los sistemas de vigilancia rara vez son diseñados para un solo gobierno. Una vez creados, permanecen y pueden mutar. Los instrumentos o herramientas no son buenos o malos per ser muchas veces. Lo que se presenta como una herramienta de gestión en algún lugar del mundo puede convertirse mañana mismo en un instrumento de control político en otras latitudes.
Si una herramienta como el Gemelo Digital Social llegara a concentrar información sobre la situación económica, los hábitos de consumo, los intereses y el comportamiento de millones de personas, podría convertirse en una herramienta muy poderosa para quienes toman decisiones políticas. Con ese nivel de conocimiento sería posible identificar qué preocupa a cada sector de la sociedad y dirigir mensajes específicos para cada grupo, ajustando discursos, propuestas e incluso políticas públicas según sus características. Esto permitiría ejercer una influencia mucho más precisa sobre la opinión pública que los métodos tradicionales de comunicación política.
A medida que se acercan nuevos procesos electorales, la discusión sobre la calidad de nuestra democracia deja de ser una cuestión académica para transformarse en un problema concreto. Las democracias no sólo se debilitan cuando se suspenden las elecciones. También se erosionan cuando se vacían los controles, cuando se deslegitima el disenso, cuando se concentra demasiado poder o cuando la tecnología amplía las capacidades de vigilancia sin ampliar al mismo tiempo las garantías ciudadanas.
Tal vez esa sea la enseñanza más vigente de «El cuento de la criada». No que las distopías sean inevitables, sino que las sociedades libres tienen la obligación de reconocer las señales antes de que sea tarde.