Detrás de la frialdad de los números que los economistas revolean en la televisión, siempre hay una realidad humana que duele. El último informe previsional del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pone blanco sobre negro la verdadera cara del tan festejado «superávit» del gobierno de Javier Milei. Lo que el relato oficial vende como orden macroeconómico y batalla ganada contra la inflación, no es otra cosa que un saqueo planificado y silencioso a los más vulnerables del sistema: nuestros viejos. La crueldad no es un daño colateral del modelo; es la variable de ajuste principal y el motor del programa de Luis Caputo.
La gran trampa de esta gestión se consolidó con el famoso DNU 274/2024. En su momento, nos dijeron que atar las jubilaciones a la inflación mensual era un mecanismo de protección. Mentira. Lo que hicieron, con una frialdad técnica que asusta, fue esperar a que la mega devaluación y la desregulación de precios de los primeros meses hundieran los haberes en el subsuelo de la historia. Una vez que el poder de compra de los abuelos tocó fondo, les pusieron un respirador artificial que copia la inflación. Así, se aseguraron de que las jubilaciones queden estancadas para siempre en un piso miserable, sin ninguna chance de recuperarse de la pérdida inicial. De hecho, derogaron la fórmula anterior en el instante exacto en que, por la propia dinámica del rezago y la baja de precios, los jubilados iban a empezar a ganarle a la inflación. El objetivo fue claro: cortarles las piernas antes de que pudieran levantar cabeza.
Si bajamos esto a la plata de todos los días, el despojo se vuelve obsceno. Hoy, con la fórmula de Milei, un jubilado de la mínima cobra apenas 403.327 pesos de haber base. Si se hubiera mantenido la ley del gobierno anterior, tendría que estar cobrando 490.621 pesos. Es decir, por el solo hecho de firmar un decreto, el Presidente le recortó un 21,6% de ingresos a cada abuelo. Pero la estafa se vuelve todavía más perversa cuando miramos el bono compensatorio, ese salvavidas que recibe el 70% de la clase pasiva. Lo congelaron en 70.000 pesos en marzo de 2024 y nunca más lo tocaron. Mientras los precios corrieron y los haberes se ajustaron un 200%, el bono se quedó clavado en el mismo lugar, licuándose mes a mes. Para mantener el mismo poder de compra, hoy ese bono tendría que ser de casi 210.000 pesos. La cuenta es simple y demoledora: el Estado le está robando a cada jubilado de la mínima unos 140.000 pesos por mes. Con este panorama, sumando la base y el bono congelado, el ingreso total apenas llega a 473.327 pesos, lo que significa que el poder adquisitivo actual arrastra un derrumbe del 18,9% comparado con el final del mandato anterior.
Esta falta de sensibilidad no es solo matemática; es profundamente política. El Congreso intentó poner un freno a esta locura aprobando leyes de emergencia para darles un aumento del 7,2% —para tapar el agujero negro que dejó la inflación de enero de 2024— y actualizar el bono a 110.000 pesos indexados. ¿Qué hizo Milei? Metió un veto implacable para defender su caja a costa del hambre ajena, y sus aliados en Diputados se encargaron de blindar esa decisión. Para colmo, el golpe de gracia llegó en marzo de 2025, cuando el gobierno decidió no prorrogar la moratoria previsional. En un país con un mercado laboral históricamente precarizado, esto es una condena a muerte civil: hoy, 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 hombres en edad de retirarse no tienen los 30 años de aportes y quedan afuera del sistema. La única ventanilla que les queda es la PUAM, un invento que les paga un miserable 80% de la mínima, les estira la edad de jubilación a las mujeres hasta los 65 años y ni siquiera les permite dejarle una pensión a su pareja si fallecen. Lo que estamos viendo en la Argentina de hoy no es una crisis inevitable; es la decisión consciente de abandonar a una generación entera a la buena de Dios, demostrando quepara sostener los aplausos del mercado financiero, no hay ningún pudor en dejar a nuestros abuelos a la intemperie.