Investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) advirtieron sobre las consecuencias que podría tener la eventual derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, al considerar que se trata de una herramienta clave para garantizar el acceso a información clara sobre los alimentos y prevenir enfermedades vinculadas a la mala alimentación.
La normativa, sancionada en 2021, establece la utilización de octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías. Además, regula la publicidad dirigida a niños y adolescentes, limita estrategias de marketing sobre productos con sellos de advertencia y promueve la educación alimentaria en las escuelas.
Según explicaron las investigadoras María Eugenia Golzi y Nadia Florencia Nagai, la ley surgió como respuesta a una problemática sanitaria concreta, como lo es el crecimiento sostenido del sobrepeso y la obesidad en Argentina. Datos de encuestas nacionales indican que más del 60% de la población presenta exceso de peso, una situación estrechamente vinculada al aumento del consumo de alimentos ultraprocesados y al desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares.
Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, las nutricionistas Ingrid Karpenko y Daiana Giuliano sostuvieron que el etiquetado frontal permite a los consumidores identificar rápidamente productos con nutrientes críticos en exceso y tomar decisiones más informadas al momento de comprar alimentos. También señalaron que diversos estudios realizados en Argentina y otros países de la región demostraron que este sistema modifica los hábitos de consumo y favorece elecciones más saludables.
Las especialistas reconocieron que la normativa puede ser perfeccionada, especialmente en aspectos vinculados a los criterios utilizados para determinar los sellos de advertencia. Sin embargo, remarcaron que la propuesta actualmente impulsada no apunta a mejorar la ley sino a eliminarla, lo que implicaría quitar los octógonos, flexibilizar las restricciones publicitarias dirigidas a las infancias y debilitar las políticas de promoción de entornos escolares saludables.
Asimismo, cuestionaron el argumento de que la ley perjudica principalmente a las pequeñas y medianas empresas, porque los mayores beneficios de una eventual derogación recaerían sobre las grandes industrias de alimentos ultraprocesados, mientras que los cambios exigidos por la normativa ya fueron implementados durante el proceso de adecuación de los productos.
Para las investigadoras, el debate excede la discusión técnica sobre los sellos y enfrenta dos modelos de política pública, uno basado en la regulación sanitaria y la prevención de enfermedades, y otro centrado en la desregulación económica. En ese marco, consideraron que el camino adecuado es revisar y perfeccionar la ley a partir de evidencia científica, en lugar de eliminarla.
“La alimentación saludable y el acceso a información clara son derechos fundamentales”, concluyeron las especialistas, al sostener que el etiquetado frontal constituye una herramienta esencial para la protección de la salud pública.