La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció graves hechos de tortura y violencia institucional ocurridos en la Unidad Penal N°51 de Magdalena, donde cinco mujeres privadas de la libertad habrían sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Según la denuncia, dos de ellas también sufrieron abusos sexuales.
La situación fue detallada por Ailín Bonansea, directora del Programa de Inspecciones en Lugares de Encierro del Comité Contra la Tortura de la CPM, quien aseguró que los episodios comenzaron el 3 de junio y se extendieron durante varias horas.
De acuerdo con el relato de la funcionaria, todo se inició tras una pelea entre internas. Luego de ese episodio, personal penitenciario femenino y masculino ingresó a un pabellón donde se alojan alrededor de 115 mujeres y ordenó requisas con desnudo completo. Las detenidas reclamaron que los agentes varones se retiraran, ya que la presencia masculina durante ese procedimiento está prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos.
Según la denuncia, la respuesta fue una violenta represión. «Varias mujeres fueron atacadas con gas pimienta a corta distancia, golpeadas y trasladadas a distintos sectores de la unidad. Una de ellas habría sido sometida a la práctica conocida como ‘submarino húmedo’, consistente en la inmersión forzada de la cabeza en agua para provocar asfixia. Además, denunció haber sido abusada sexualmente durante el cautiverio», comentó Bonansea.
La CPM también informó que otra interna fue inmovilizada sobre un colchón rociado con gas pimienta, con las manos y los pies atados y una media colocada en la boca, situación que le habría provocado severas dificultades respiratorias.
Al respecto, indicó que «las consecuencias físicas y psicológicas fueron significativas; una de las mujeres intentó quitarse la vida tras los hechos y, según la denuncia, no recibió la atención adecuada». Sumado a ello, varias víctimas «permanecieron durante horas sin acceso a agua, alimentos ni elementos personales».
La situación se agravó al día siguiente, cuando otras internas realizaron una protesta pacífica para exigir información sobre sus compañeras. La respuesta volvió a ser represiva y una detenida sufrió una grave lesión ocular producto del impacto de una posta de goma, lo que actualmente compromete su visión.
Otro de los puntos señalados por la CPM es el presunto encubrimiento por parte del personal sanitario de la unidad. La organización sostiene que, pese a que las lesiones eran visibles, en las historias clínicas se dejó constancia de que las mujeres no presentaban heridas.
Por estos motivos, la Comisión presentó las denuncias penales correspondientes y solicitó intervenir como particular damnificado institucional en la causa. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el Juzgado de Garantías interviniente bajo el argumento de que resultaba prematuro, decisión que fue apelada por el organismo.
Desde el organismo señalaron que actualmente realizan entre 15 y 20 inspecciones semanales en cárceles, comisarías, alcaldías, institutos de menores y otros espacios de encierro. Durante el último año, aseguraron haber recibido alrededor de 55.000 denuncias vinculadas a distintas vulneraciones de derechos de personas privadas de la libertad.
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