Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza diez indicadores de la gestión iniciada en diciembre de 2023. La caída del poder adquisitivo, el aumento de la morosidad, la pérdida de empleo registrado y el retroceso de la industria componen un balance en el que la recuperación anunciada por el Gobierno todavía no se traduce en una mejora sostenida de las condiciones de vida.
A 1.000 días del inicio del gobierno de Javier Milei, el balance económico que surge del informe no se limita a una discusión sobre inflación, déficit o crecimiento. Los datos permiten observar cómo las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 modificaron la vida cotidiana de los hogares y, al mismo tiempo, debilitaron distintos componentes de la estructura productiva. Salarios que no recuperan el nivel previo, jubilaciones con bonos congelados, familias que recurren al crédito para sostener sus gastos, menos puestos de trabajo registrados y una industria que continúa por debajo de sus niveles anteriores son parte de un mismo escenario.
El documento toma como referencia diez indicadores vinculados con los ingresos, las jubilaciones, el crédito, el consumo, la inversión, el empleo, la informalidad, las empresas empleadoras y la producción industrial. La conclusión general es que la desaceleración de algunos precios no alcanzó para recomponer el poder adquisitivo perdido durante los primeros meses de la gestión, mientras que la actividad productiva tampoco logró consolidar una recuperación capaz de sostener el empleo y la inversión.
Salarios: una recuperación que no alcanza
La evolución de los salarios estuvo marcada por una fuerte caída inicial, asociada al salto del tipo de cambio y a la aceleración inflacionaria. Después de una recuperación parcial, los ingresos comenzaron a estancarse hacia fines de 2024 y volvieron a perder poder adquisitivo durante buena parte de 2025 y los primeros meses de 2026. En junio de 2026, los salarios privados registrados se encontraban 3,6% por debajo de noviembre de 2023, mientras que el conjunto de los salarios registrados, públicos y privados, acumulaba una caída real del 8,2%.
El deterioro fue mucho más pronunciado en el sector público nacional, cuyos salarios registraban una pérdida real del 37% respecto del inicio de la gestión. En el ámbito provincial, la caída alcanzaba el 9,7%. El informe también advierte que, si se utiliza una actualización de la inflación basada en la estructura de consumo de la ENGHo 2017/18, la pérdida del conjunto de los salarios registrados asciende al 18,5%.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil presenta un deterioro todavía mayor: perdió 40,8% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026. Para recuperar el nivel promedio de 2023, debería aumentar en $271.315, equivalente a una suba del 70,7% a valores de septiembre de 2026. El dato no es menor, porque el salario mínimo funciona como referencia para distintas prestaciones y obligaciones, entre ellas el cálculo de cuotas alimentarias en determinados casos.
Jubilaciones: el bono que quedó congelado
La situación de los jubilados que cobran la mínima también aparece como uno de los principales puntos de deterioro. El bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, sin actualización durante 30 meses. Si hubiera seguido el mismo criterio de movilidad aplicado al haber jubilatorio, en septiembre de 2026 debería alcanzar los $223.148. La diferencia representa una pérdida mensual de $153.148 para cada jubilado que percibe el haber mínimo.
En términos reales, las jubilaciones mínimas con bono se ubicaron 19,2% por debajo del nivel correspondiente al último trimestre del gobierno anterior. Para quienes no reciben el bono, la caída fue menor, del 1,5%. La comparación muestra que el congelamiento del refuerzo tiene un impacto decisivo sobre quienes dependen de ese complemento para sostener sus ingresos.
Más deuda para sostener los gastos cotidianos
La pérdida de ingresos también se refleja en el comportamiento del crédito. La morosidad de las familias en el sistema bancario pasó del 2,5% en noviembre de 2024 al 13% en julio de 2026, uno de los niveles más elevados de las últimas décadas y el máximo registrado desde 2001, según el informe.
La situación es todavía más crítica cuando se incorporan las deudas con proveedores no financieros de crédito, identificados en el documento como billeteras virtuales. En ese segmento, la morosidad aumentó del 7,3% al 33,9% en el mismo período, superando incluso el máximo alcanzado durante la pandemia, que había sido del 27,1% en mayo de 2020. Considerando conjuntamente bancos y billeteras virtuales, la irregularidad total de las familias llegó aproximadamente al 15,7% en julio de 2026.
El dato permite leer el endeudamiento no solamente como una decisión financiera, sino también como una señal de la dificultad de los hogares para cubrir sus gastos con los ingresos corrientes. Cuando el crédito deja de ser una herramienta para financiar una inversión o una compra planificada y comienza a utilizarse para sostener el consumo cotidiano, la morosidad se convierte en otro indicador de la pérdida de capacidad de pago.
El consumo sigue por debajo de los niveles previos
La retracción del consumo masivo aparece como otro rasgo persistente. Según la Encuesta de Supermercados del INDEC, las ventas a precios constantes acumularon una caída del 10,3% respecto del promedio de enero de 2022 a noviembre de 2023. En los autoservicios mayoristas, donde suelen buscar precios más bajos los hogares con menor capacidad de compra, el retroceso llegó al 16,9%.
Los datos de la consultora Scentia también muestran una disminución del consumo masivo del 12,9% respecto del promedio de enero a noviembre de 2023. El informe señala, además, que el crecimiento de las operaciones de comercio electrónico no se tradujo en una mayor facturación real: durante el primer semestre de 2026 aumentaron las órdenes de compra y las unidades vendidas, pero la facturación real cayó entre 4,8% y 5,5%, según el índice utilizado para deflactarla.
La combinación entre salarios deteriorados, mayor endeudamiento y menor consumo configura un círculo difícil de revertir: los hogares compran menos, las empresas venden menos y la actividad pierde dinamismo. El retroceso no se expresa únicamente en los grandes indicadores nacionales, sino también en la capacidad de los comercios y pequeños emprendimientos para sostener sus ventas.
Inversión: el motor que todavía no arranca
Aunque el Gobierno presenta a la inversión como uno de los principales motores del crecimiento, la evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo ofrece un panorama menos favorable. De los nueve trimestres con información disponible desde el inicio de la gestión, en cinco se registraron caídas interanuales. En los dos últimos períodos disponibles, la inversión cayó 2,6% en el cuarto trimestre de 2025 y 11,6% en el primer trimestre de 2026.
El informe también señala que las estimaciones privadas anticipaban una nueva caída durante el tercer trimestre de 2026. En materia de inversión extranjera directa, el saldo acumulado desde diciembre de 2023 se mantiene negativo, con una desinversión neta de 1.193 millones de dólares a través del mercado de cambios. De acuerdo con el documento, los incentivos anunciados para atraer capitales todavía no se tradujeron en un ingreso neto y sostenido de recursos destinado a la inversión productiva.
Más desocupación y menos empleo registrado
El mercado laboral tampoco muestra una mejora suficiente. La tasa de desocupación alcanzó el 7,8% en el primer trimestre de 2026, mientras que la cantidad de personas desempleadas aumentó en 323.000 respecto del cuarto trimestre de 2023. En términos absolutos, el informe estima que 1.765.000 personas se encontraban desocupadas al comienzo de 2026.
A la vez, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados, una reducción del 4,18%, equivalente a unos 450 empleos menos por día. La industria manufacturera fue el sector que más puestos perdió, con 97.312 trabajadores menos, seguida por la construcción, con 80.399, el transporte y almacenamiento, con 72.480, y la administración pública, con 72.312.
La construcción registró, además, la mayor caída porcentual entre los sectores analizados, con una retracción del 16,8%. Le siguieron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una baja del 15,4%, y el transporte y almacenamiento, con una disminución del 13,5%.
La informalidad crece como forma de supervivencia
El deterioro del empleo registrado convive con una expansión de la informalidad. En el primer trimestre de 2026, la tasa de empleo no registrado llegó al 44,2%, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025 y de 3,4 puntos frente al primer trimestre de 2023. Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores ocupados se desempeñaban en condiciones de informalidad.
El informe advierte que detrás de una eventual estabilidad del empleo agregado puede esconderse un cambio en su composición: menos puestos registrados y más formas de inserción precarias, como el trabajo informal y el monotributo de subsistencia. El resultado es un mercado laboral con menores niveles de protección social, menos derechos y mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de ingresos.
Menos empresas empleadoras
La contracción también alcanza al tejido empresarial. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la cantidad de empresas empleadoras pasó de 512.357 a 481.724. La pérdida de 30.633 empleadores equivale a unas 33,5 empresas menos por día.
El comercio fue el sector más afectado en términos absolutos, con 8.408 empleadores menos. También registraron caídas importantes el transporte y almacenamiento, los servicios inmobiliarios y la industria manufacturera. En términos relativos, los mayores retrocesos correspondieron a los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales, con una baja del 17,2%, el transporte y almacenamiento, con 17,1%, y la construcción, con 9,3%.
Una industria que continúa por debajo de 2023
El último indicador analizado es la producción industrial. El Índice de Producción Industrial Manufacturero del INDEC acumuló una caída interanual del 2,2% durante el primer semestre de 2026. Si se toma el promedio de toda la gestión, la producción se encuentra 10,2% por debajo del promedio del período previo.
El dato resulta relevante porque la industria no solamente aporta bienes: también sostiene empleo, inversión y encadenamientos productivos. Por eso, una producción que permanece por debajo de los niveles anteriores implica un problema que excede el resultado mensual de las fábricas y afecta la capacidad de la economía para generar valor agregado y trabajo formal.
Un balance que excede la discusión de las cifras
Los diez indicadores analizados por CEPA muestran una misma dirección: el deterioro de los ingresos convive con una caída del consumo, un aumento de la morosidad, una mayor informalidad y una reducción del empleo registrado y de las empresas empleadoras. Al mismo tiempo, la inversión no logra consolidarse y la producción industrial continúa por debajo de los niveles previos al inicio de la gestión.
El balance de estos 1.000 días, entonces, no se reduce a establecer si determinados indicadores mejoraron o empeoraron en un mes determinado. La cuestión central es qué tipo de recuperación se está construyendo y quiénes pueden participar de ella. Si los salarios siguen perdiendo capacidad de compra, si las familias se endeudan para sostener el consumo y si la actividad productiva no recupera su dinamismo, la estabilidad de algunas variables macroeconómicas no alcanza para afirmar que existe una mejora generalizada.
El informe plantea, a través de sus datos, que los costos del programa económico se expresan tanto en las condiciones materiales de los hogares como en la estructura productiva del país. A 1.000 días del inicio de la gestión, la discusión económica vuelve a tener una dimensión concreta: el trabajo, los ingresos, el consumo, la producción y las posibilidades de construir un desarrollo sostenido.