Los Bomberos Voluntarios de todo el país realizaron este jueves un toque de sirena en reclamo por el incumplimiento del Gobierno nacional en el pago de los subsidios establecidos por ley. La medida fue definida por las federaciones provinciales junto al Consejo Nacional de Bomberos.
Abel Comas, jefe de Bomberos Voluntarios de Ensenada, explicó que la deuda alcanza aproximadamente los $60.000 millones y advirtió que esos recursos son fundamentales para garantizar el funcionamiento de los cuarteles. “Hay dos leyes, una provincial y una nacional. Tenemos un subsidio tanto provincial como nacional que se cobra todos los años”, señaló.
En Ensenada funcionan cuatro cuarteles, con alrededor de 120 bomberos y bomberas, además de una escuela de cadetes y una comisión directiva. El dinero de los subsidios permite afrontar gastos indispensables como combustible, mantenimiento de autobombas, equipamiento y ropa de protección.
Comas remarcó que el equipamiento representa un costo elevado y que debe reponerse cuando resulta dañado durante una intervención. “Cuando vos hacés un incendio y la ropa se te rompe, vos tenés que darle protección al bombero”, indicó.
El jefe del cuartel ensenadense también destacó que los Bomberos Voluntarios sostienen gran parte de su actividad mediante el aporte de vecinos, comercios y empresas.
Existen 45.000 integrantes entre hombres y mujeres que prestan servicio voluntariamente en todo el territorio argentino. “Necesitamos ese dinero para poder seguir prestando el servicio que se hace en todo el país”, afirmó Comas.
Apuntan a cuatro incumplimientos del Gobierno nacional
Roberto Scafati, presidente de Bomberos Voluntarios de Berisso y director de la Federación Bonaerense, explicó que el reclamo alcanza a las 1.116 asociaciones que funcionan en todo el país.
Scafati detalló que los recursos provienen del 0,5% de las primas de seguros, con excepción de los seguros de vida. Ese dinero es recaudado por la Superintendencia de Seguros y posteriormente transferido al Ministerio de Economía para su distribución entre las asociaciones. “Es dinero de los bomberos, no es del Estado Nacional ni del Tesoro Nacional”, remarcó.
El conflicto se agravó porque durante 2025 no se abonó la segunda cuota del subsidio correspondiente. De acuerdo con lo señalado por el dirigente, desde la Federación Nacional intentaron obtener respuestas y solicitaron reuniones con autoridades nacionales, pero hasta el momento no fueron recibidos por funcionarios con capacidad de resolver el problema.
El reclamo contempla además otros tres ejes. Por un lado, las dificultades para importar autobombas y equipamiento: Scafati sostuvo que trámites que anteriormente demandaban entre 60 y 90 días ahora pueden extenderse más de un año y medio. “Antes elegíamos la autobomba, girábamos el dinero a Europa o a Estados Unidos y en 60 o 90 días la teníamos acá”, marcó.
Otro de los planteos está relacionado con la devolución del IVA. Según Scafati, una legislación establece que el Estado debe reintegrar ese impuesto por las compras destinadas a la lucha contra incendios, pero los Bomberos Voluntarios no están recibiendo esos recursos.
El cuarto reclamo apunta a las autopistas concesionadas. Los bomberos históricamente recibieron pequeños porcentajes de los peajes a cambio de los servicios de emergencia que prestan en esas rutas. Scafati cuestionó que algunas de las nuevas concesiones no contemplen esa contraprestación.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el director aclaró que el Gobierno bonaerense está al día con los pagos, aunque consideró insuficientes los montos y señaló que existen canales de diálogo para buscar un incremento de cara al próximo año. Como ejemplo de la magnitud del reclamo nacional, indicó que a Bomberos de Berisso se le adeudan alrededor de $44 millones, mientras que otras instituciones acumulan deudas de hasta $134 millones.
El toque de sirena de este jueves buscó visibilizar una situación que, según los Bomberos Voluntarios, afecta directamente la capacidad de sostener un servicio esencial. “Acá lo puntual es que está faltando el cumplimiento de una ley a nivel nacional”, sintetizó Scafati.