Los resultados de las últimas evaluaciones PISA volvieron a poner en discusión el estado de la educación argentina y abrieron, una vez más, el debate sobre qué se evalúa cuando se mide el desempeño de los estudiantes. Para analizar el alcance de estos resultados, dialogamos con Miriam Southwell, catedrática e investigadora especializada en educación argentina y en políticas de formación docente.
Southwell explicó que las pruebas PISA son impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una institución cuyo enfoque se encuentra fuertemente vinculado con las necesidades del mundo económico y laboral. En ese sentido, señaló que las evaluaciones privilegian habilidades relacionadas con lo “tecnocrático” y lo estandarizado, dejando en segundo plano otros aprendizajes vinculados con la ciudadanía y con la vida social.
La especialista aclaró que evaluar la educación es necesario, pero sostuvo que ninguna prueba por sí sola puede ofrecer una mirada completa. “Las pruebas PISA son un indicador al que hay que atender”, afirmó, aunque remarcó la necesidad de complementarlas con evaluaciones nacionales y, especialmente, con la observación cotidiana de los procesos educativos, que permite detectar dificultades, acompañar trayectorias y realizar intervenciones.
Para Southwell, los resultados tampoco pueden separarse de la realidad social en la que se desarrollan las trayectorias escolares. El crecimiento de la pobreza, el desempleo, las dificultades familiares y el deterioro de las condiciones institucionales tienen un impacto directo en las aulas. “La escuela es un escenario tan social, tan atravesado por lo que las sociedades viven, por las cosas buenas y por las cosas malas”, planteó.
La investigadora describió además una sensación de “zozobra” extendida entre los trabajadores de la educación, incluso entre quienes mantienen un fuerte compromiso cotidiano. La pérdida de financiamiento y el deterioro de las condiciones sociales hacen que las escuelas deban asumir responsabilidades vinculadas con el cuidado, la alimentación y el acompañamiento de estudiantes y familias.
En ese contexto, rechazó las políticas de ajuste sobre educación, ciencia y universidad y sostuvo que no se trata simplemente de un fracaso de gestión, porque “no es que les está saliendo mal, vinieron a hacer eso”; situación que convierte derechos y políticas públicas en una suerte de “alcancía” y prioriza los intereses de los sectores económicos más concentrados.
Por otro lado, dijo que Argentina posee una extensa tradición de educación pública y consideró que ese patrimonio debe ser defendido. Al comparar la situación regional, expuso las grandes diferencias dentro de América Latina y remarcó que países como Argentina y Uruguay mantienen una concepción particularmente fuerte de la escuela pública. A su vez, varios de los países utilizados como referencia educativa, como Finlandia o Canadá, también sostienen sistemas públicos fuertemente financiados y acompañados por políticas de formación docente.
Sobre el cierre, reivindicó la capacidad de la sociedad argentina para organizarse y construir respuestas colectivas frente a contextos adversos, aunque advirtió que la solidaridad no puede reemplazar a las políticas públicas. “La solidaridad es un enorme complemento de la justicia, pero nunca su reemplazo”, afirmó. En esa línea, privilegió el hecho de sostener los espacios educativos, culturales y comunitarios y, al mismo tiempo, construir alternativas colectivas frente a un escenario que excede ampliamente los números de una evaluación internacional.