A 71 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, Gastón Garriga repasó en Frecuencia Camalote algunos de los acontecimientos que, desde su perspectiva, permiten comprender parte de las tensiones políticas y económicas de la Argentina actual. Vinculó aquella ruptura institucional con procesos posteriores de proscripción, represión y transformaciones económicas.
Planteó que el golpe del 16 de septiembre de 1955 constituye, según una interpretación histórica a la que adhiere, uno de los antecedentes de largo plazo de la Argentina contemporánea. Recordó que, tras el derrocamiento de Perón, la denominada Revolución Libertadora impulsó medidas como el ingreso del país al Fondo Monetario Internacional, la proscripción del peronismo y la derogación de la Constitución de 1949.
En ese recorrido histórico mencionó los fusilamientos de 1956 y sostuvo que el proceso iniciado en 1955 no puede analizarse de manera aislada de las dictaduras posteriores. Como parte de su argumento, mencionó que Emilio Massera, una de las principales figuras de la última dictadura militar, ya tenía funciones dentro de la Armada durante el golpe de 1955.
Por otro lado, habló del componente económico de aquellos procesos, y dijo que las transformaciones iniciadas a mediados del siglo XX y profundizadas durante la última dictadura modificaron el modelo productivo argentino. En ese sentido, relató conceptos abordados recientemente en una instancia de formación política del PJ de San Martín, donde se discutió el proceso de desindustrialización y su relación con la representación política y sindical alcanzada por los trabajadores.
“Prefirieron, con tal de no tener esa sociabilización política que desembocaba en el peronismo, no tener fábrica”, resumió, al explicar una de las interpretaciones expuestas durante esa actividad. Se trata, en este caso, de una lectura política sobre las causas de la desindustrialización y no de una conclusión histórica consensuada.
Seguidamente, analizó la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner; sus abogados anunciaron esta semana la presentación de nueva documentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del planteo realizado contra la condena de la expresidenta. Para la defensa, el nuevo elemento está relacionado con los fondos destinados a obra pública durante el período analizado en la causa Vialidad. (El País)
Para Garriga, dicha presentación puede tener repercusiones políticas, pero consideró que todavía no es posible anticipar sus consecuencias jurídicas. Además, planteó una discusión interna dentro del peronismo acerca de una eventual candidatura de Cristina Kirchner y de las diferencias existentes entre distintos sectores del espacio opositor, incluida la relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En este punto, sus apreciaciones corresponden a su propia lectura de la coyuntura.