El fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales abrió un nuevo capítulo de discusión política en Argentina. El máximo tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que el CECIM La Plata no tenía legitimación suficiente para promover la demanda. En la práctica, volvieron a quedar sin efecto los límites establecidos por la legislación para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El tema fue uno de los ejes de la columna de Gastón Garriga en Frecuencia Camalote, donde el periodista planteó que la resolución vuelve a poner en primer plano el debate sobre el funcionamiento de las instituciones y el equilibrio entre los poderes del Estado. “Se rompió el equilibrio de poderes de la Constitución”, sostuvo, al analizar la relación histórica entre el Poder Judicial y el sistema político argentino.
Garriga vinculó la decisión de la Corte con un escenario político que atraviesa una etapa de fuerte tensión y descomposición. En ese marco, consideró que el fallo puede ser leído como parte de un proceso más amplio donde la oposición estaría haciendo agua frente a las decisiones del Gobierno nacional y del máximo tribunal.
Otro de los puntos abordados fue el DNU 70/2023, cuya derogación total o parcial continúa formando parte de las discusiones políticas y parlamentarias. Para Garriga, la oposición debería avanzar en el Congreso con una posición más activa y sostuvo que “los tipos que voté, quiero que lo intenten”, en referencia a la responsabilidad de los representantes legislativos.
Por otro lado, abordó la participación del presidente Milei en el Coloquio de IDEA y los movimientos de referentes empresarios como Martín Rapallini y Nicolás Pino, y la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya que la Cámara Federal confirmó en septiembre el procesamiento de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y otras 17 personas en una investigación que analiza presuntos direccionamientos, sobreprecios y negociaciones incompatibles con la función pública.