La Universidad pública ha estado en el centro de las conversaciones de la Argentina esta semana. Mucho se ha hablado y no sólo mediáticamente, haciendo foco en la marcha del día jueves, en la falta de quorum, en los gases que tiraron en medio del acto, en la represión posterior, en los infiltrados de siempre, en los abucheos a los diputados libertarios que tuvieron que esconderse en el Congreso, y demás cuestiones.
Sin embargo, hay un dato que debería alcanzar para entender la gravedad de la situación universitaria: en septiembre de 2026, buena parte de los docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales cobraba salarios por debajo de la línea de pobreza, y algunos cargos docentes ni siquiera alcanzaban a cubrir la canasta básica alimentaria. No hablamos de una actividad marginal ni de un sector ajeno a las necesidades del país. Hablamos de quienes enseñan, investigan y sostienen todos los días el funcionamiento de las universidades públicas.
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el financiamiento universitario y el proyecto de Presupuesto 2027 permite seguir la evolución del ajuste con cifras concretas. El presupuesto destinado al desarrollo de la educación superior cayó un 25,2% en términos reales entre 2023 y 2025. Para 2026, la reducción acumulada respecto de 2023 se estima en un 22%. Y el proyecto para 2027, aunque prevé una mejora real del 1,2% frente al crédito vigente para 2026, mantiene el financiamiento un 21,1% por debajo del nivel de 2023.
El Gobierno puede presentar esa pequeña mejora como una recuperación, pero las cuentas dicen otra cosa. Después de dos años de recortes, el presupuesto seguiría muy lejos de los valores de partida. La discusión no es si en 2027 habrá un poco más de dinero que en 2026, sino cuánto perdió el sistema universitario y qué posibilidades tiene de funcionar en esas condiciones.
Porque el ajuste no queda encerrado en una planilla. Se traduce en dificultades para sostener equipos de investigación, renovar equipamiento, mantener actividades académicas y garantizar condiciones de trabajo. También repercute sobre los estudiantes, especialmente sobre aquellos que dependen de la universidad pública para acceder a una formación profesional. Cuando los ingresos familiares se deterioran y las instituciones cuentan con menos recursos, continuar una carrera se vuelve más difícil. No hace falta prohibir el acceso: alcanza con empeorar las condiciones que permiten sostenerlo.
El conflicto, además, tiene una dimensión institucional que el Gobierno no consigue resolver con argumentos contables. La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. El Ejecutivo la vetó en septiembre, pero el Congreso insistió con su aprobación el 2 de octubre. Pese a ello, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, alegando falta de financiamiento. En diciembre de ese año, la Justicia ordenó aplicarla. En febrero de 2026, el Ejecutivo presentó un proyecto para modificarla que, según el informe del CEPA, no había llegado a tratarse en comisión.
La secuencia es bastante clara: el Congreso aprobó una ley, ratificó su decisión después del veto presidencial y la Justicia ordenó su cumplimiento. Sin embargo, la norma continúa sin aplicarse. El argumento presupuestario merece ser discutido, pero no habilita al Poder Ejecutivo a tratar una obligación legal como si fuera optativa. Si considera que la ley debe modificarse, tiene los mecanismos institucionales para intentarlo. Lo que no puede hacer es reemplazar ese procedimiento por una decisión unilateral y prolongar indefinidamente el incumplimiento.
El informe ofrece, además, una referencia concreta para dimensionar lo que está en juego. Si se hubiera aplicado la ley de financiamiento universitario, el presupuesto para las universidades nacionales alcanzaría los 9,60 billones de pesos a valores de 2027. Eso representa un 28% más que lo previsto en el proyecto presupuestario del Gobierno. No es una diferencia menor ni una discusión de décimas: son recursos que modificarían las condiciones en las que las universidades deben desarrollar sus actividades.
La cuestión salarial es todavía más difícil de justificar. Según el CEPA, hasta septiembre de 2026 los docentes y no docentes habían perdido un 24,2% de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023. El ejemplo de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad permite ver la dimensión del retroceso. Su salario, equivalente a $1.185.861 a valores de septiembre de 2026 en noviembre de 2015, había descendido a $672.309. La pérdida real acumulada durante ese período llega al 43,3%.
Con la aplicación de la ley universitaria, ese salario habría sido de $887.581, según la estimación del informe. Tampoco habría recuperado el poder adquisitivo de 2015, pero la caída habría sido bastante menor. La comparación sirve para despejar una discusión: la ley no habría resuelto todos los problemas salariales de las universidades, aunque sí habría amortiguado una parte importante del deterioro.
Hay algo difícil de conciliar entre el discurso oficial sobre el mérito, el esfuerzo y la formación profesional y una política salarial que empuja a los trabajadores universitarios a buscar otros empleos para completar sus ingresos. La docencia exige preparación, actualización y tiempo. La investigación requiere continuidad. Ninguna de esas tareas puede sostenerse indefinidamente sobre la expectativa de que quienes las realizan acepten perder ingresos año tras año por compromiso con su profesión.
Los datos sobre pobreza e indigencia vuelven más concreta esa contradicción. En septiembre de 2026, de acuerdo con el CEPA, solo los docentes titulares y adjuntos con dedicación exclusiva y los trabajadores no docentes de las categorías 1, 2 y 3 superaban la línea de pobreza utilizada en el informe. Otros cargos quedaban por debajo. Entre los docentes, los jefes de trabajos prácticos y auxiliares con dedicación semiexclusiva, además de todos los cargos de dedicación simple, no alcanzaban a cubrir la canasta básica alimentaria.
No se trata de una discusión sobre privilegios ni de desconocer que existen distintas responsabilidades y dedicaciones. Se trata de trabajadores cuyo salario no alcanza para cubrir necesidades elementales. Y cuando eso sucede en una institución dedicada a la enseñanza y la producción de conocimiento, las consecuencias no se limitan a la situación personal de cada empleado: afectan la capacidad del sistema para retener profesionales y sostener sus actividades.
El proyecto de Presupuesto 2027 agrega otros puntos que merecen atención. Su artículo 12 establece que los aumentos salariales se aplicarán sobre las plantas docentes y no docentes vigentes en noviembre de 2026, con excepciones sujetas a las autorizaciones de las autoridades nacionales. La disposición puede condicionar las posibilidades de ampliar las plantas de personal y obliga a mirar con cuidado qué margen tendrán las universidades para responder a sus necesidades académicas.
A eso se suman los $851.558 millones previstos para el fortalecimiento de recursos humanos, cuya ejecución queda sujeta a decisiones administrativas de la Secretaría de Educación. Por lo tanto, la inclusión de esa cifra en el presupuesto no equivale a garantizar que los fondos se ejecuten. La diferencia entre una asignación escrita y los recursos efectivamente disponibles importa, sobre todo cuando se trata de salarios y de gastos que las universidades necesitan afrontar de manera regular.
Por supuesto que las universidades deben discutir sus problemas de funcionamiento, rendir cuentas y mejorar el uso de los recursos públicos. Ninguna institución está por encima de esas obligaciones. Pero ese debate pierde seriedad cuando se utiliza para justificar recortes sin evaluar sus consecuencias o cuando se reclama eficiencia a organizaciones cuyos trabajadores acumulan una fuerte pérdida salarial y cuyos presupuestos quedan muy por debajo de los niveles anteriores.
La educación superior tampoco puede medirse solamente por su costo inmediato. Una universidad forma profesionales, desarrolla investigación, produce conocimiento y contribuye a resolver problemas concretos de la sociedad. En un país que necesita mejorar su capacidad productiva, desarrollar tecnología y reducir dependencias externas, debilitar esas capacidades tiene consecuencias que van mucho más allá del balance anual de las cuentas públicas.
El proyecto presupuestario para 2027 consolida, según los datos del CEPA, una reducción real del financiamiento universitario respecto de 2023. Al mismo tiempo, la ley aprobada por el Congreso continúa sin aplicarse y los salarios permanecen muy por debajo de su poder adquisitivo anterior. Son decisiones que se refuerzan entre sí: menos recursos para las instituciones, menores ingresos para quienes trabajan en ellas y mayores dificultades para sostener sus funciones.
La discusión de fondo es qué lugar tendrá la universidad pública en la Argentina de los próximos años. No alcanza con que siga abierta si cada vez tiene menos recursos para enseñar, investigar y formar profesionales. Tampoco alcanza con invocar la libertad de elegir una carrera si las condiciones económicas hacen cada vez más difícil cursarla, o con hablar de excelencia académica mientras se deterioran los salarios de quienes deben garantizarla.
El Gobierno tiene la posibilidad de revisar el presupuesto, cumplir la ley vigente y abrir una discusión seria sobre el financiamiento universitario. Los datos disponibles muestran el costo de seguir por el camino actual. Lo que falta no es información para dimensionar el problema, sino una decisión política sobre cómo enfrentarlo.
Fuente: CEPA, «Financiamiento de la educación universitaria: análisis de la evolución considerando presupuesto 2027».