Esta ley, impulsada por la diputada justicialista Esther Fadul de Sobrino, buscaba reafirmar el reclamo de soberanía argentino sobre estos territorios, que actualmente están bajo dominio británico.

La fecha elegida, el 10 de junio, coincide con la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas en 1829, designada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este evento histórico es considerado un hito clave en el reclamo soberano argentino sobre las islas.

Mediante un decreto firmado por el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, se dispuso que: “Las islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el mar Atlántico serán regidas por un Comandante Político y Militar nombrado inmediatamente por el Gobierno de la República”. Las autoridades argentinas de la época establecieron así una estructura de gobierno, al frente de la cual se designó a Luis Vernet, quien se instaló en las islas y ejerció públicamente su autoridad y jurisdicción.

En su condición de heredera de los títulos de España por sucesión de Estados y desde el comienzo del proceso emancipatorio en 1810, la Argentina ejerció de manera permanente y pública  sus derechos sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.

Desde aquel entonces, los primeros gobiernos patrios argentinos tuvieron en cuenta en diversos actos administrativos a las Malvinas, a las que consideraron parte integrante del territorio nacional. De hecho, el 6 de noviembre de 1820 el Coronel de la Armada Argentina, David Jewett, tomó posesión de las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izando la bandera argentina por primera vez. También se procedió al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población, culminando en la creación, el 10 de junio de 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

Todo iba con viento en popa hasta que el 3 de enero de 1833 dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza por parte del Reino Unido, mediante el cual ocupó ilegalmente las islas, expulsando a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas y a la población existente. Mediante ese acto, realizado en tiempos de paz y contrario al derecho internacional de la época, se quebró la integridad territorial de la Argentina, una situación inmediatamente rechazada y protestada, la cual ningún Gobierno argentino ha consentido en más de 192 años.

Desde entonces, existe una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, tal como fuera reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) adoptada en 1965. Es por ello que las Naciones Unidas han dispuesto que la manera de poner fin a la especial y particular situación colonial en la cuestión de las Islas Malvinas sea la solución pacífica y negociada de la controversia entre ambos países.

En cumplimiento de la mencionada Resolución, desde 1966 y durante 16 años, ambos países llevaron a cabo negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía. No obstante, y pese a las innumerables invitaciones de la Argentina y a la exhortación de las Naciones Unidas, el Reino Unido se niega de manera sistemática a retomar las negociaciones de soberanía.

Nuestro país ha mantenido y mantiene una actitud constructiva respecto de los habitantes de las islas, teniendo en cuenta sus intereses y respetando su modo de vida, conforme la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución Nacional donde se establece que  la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

En el año del 60° aniversario de la Resolución 2065 (XX) de las Naciones Unidas, el Gobierno argentino reitera su convicción de que el único camino posible para la recuperación del ejercicio de sus legítimos derechos soberanos es el de la vía diplomática. Reitera asimismo su interés en la misión de buenos oficios encomendada por la Asamblea General al Secretario General de las Naciones Unidas con el objeto de ayudar a las partes a reanudar las negociaciones con el fin de encontrar lo más pronto posible una solución pacífica a la disputa de soberanía sobre la Cuestión de las Islas Malvinas.