El pasado 11 de enero la Central General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado con el fin de exponer la intimación del Ejecutivo nacional, al considerar que el Ministerio de Seguridad no puede exigir el pago de 40 millones de pesos a quienes se manifestaron el pasado 27 de diciembre en contra del DNU. Para el gremio esta nueva provocación está dirigida a “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores”.
La central obrera también elevará una queja contra el Gobierno con “solicitud de tratamiento urgente” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según anticipó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), quien hará la presentación en su condición de miembro del Comité de Libertad Sindical.
“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero organizado”, manifestó la CGT.
A su vez, aseguró que “no representa los intereses de una casta, pero sí de trabajadores y trabajadoras de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
A esta propuesta se sumó la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, por la intimación oficial a los gremios y organizaciones sociales que participaron de la protesta ante Tribunales.
En este sentido, la CTA Autónoma calificó la intimación oficial como “actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei” y anunció que realizaron “las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar” tras la decisión impulsada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
En el mismo sentido se pronuncióla Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que lidera Juan Carlos Schmid: “La intimación oficial al sindicalismo para que pague los costos operativos de la protesta callejera avasalla los derechos consagrados en la Constitución, viola acuerdos internacionales y pretende disciplinar a las organizaciones sindicales en el marco del establecimiento de un gobierno autocrático”.
Lo llamativo en estos tiempos es la coincidencia entre fuerzas opuestas, como lo es el caso del Frente de Izquierda que buscan reunir consenso en contra del DNU. Diputados trotskistas dedicaron una hora para evaluar posibles estrategias con el din de frenar el Decreto de Milei y la Ley Ómnibus fundamentando que “sólo el paro y la movilización de millones de trabajadores en todo el país y la continuidad de un plan de lucha podrán voltear” las medidas “antipopulares” del Gobierno.
Sumado a ello, los líderes de la CGT recibieron el martes al neurocientífico Facundo Manes, que rechaza algunos aspectos del decreto pero no adelantó a los sindicalistas cómo jugará en la votación.
Manes lidera un grupo de entre 9 y 12 diputados radicales que no está de acuerdo con alinearse con Milei y rechaza parte del DNU y la Ley Ómnibus. Es una diferencia marcada con la posición del jefe de bloque Rodrigo De Loredo, más proclive a apoyar pero todavía sin lograr una posición uniforme de su grupo.
La CGT también tuvo contactos con el resto del bloque que lideran Miguel Pichetto y Emilió Monzó (y que integran los lilitos), donde también hay una visión crítica del DNU pero todavía sin definir una posición.
En la central cuentan ya como firmes rechazos a los 102 diputados de Unión por la Patria y a los 5 del Frente de Izquierda, y esperan sumar votos del radicalismo, el bloque de Pichetto y algunos provinciales para llegar a 130.
“Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus”, blanqueó ayer Pablo Moyano.