La Universidad Nacional de La Plata presentó un informe que visibiliza cuál es el estado de los Sitios de Distribución de Alimentos, puntos estratégicos para defender la seguridad alimentaria, dejando en evidencia las consecuencias negativas de las políticas que el Gobierno Nacional implementa en territorios, sectores sociales y actividades económicas.
El mismo inició en el 2018 frente a la necesidad de las organizaciones sociales de contar con datos que respalden la demanda de alimentos ante las áreas de gobierno. Pero en 2024, las organizaciones sociales propusieron una nueva actualización para producir información conjunta que vuelva a dar cuenta de la emergencia de las comunidades de los barrios populares.
La coordinación, diseńo y elaboración del informe estuvo a cargo del equipo de IdIHCS de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y el trabajo de campo y análisis nutricional estuvo a cargo del equipo de la Secretaría de Redes en Salud, junto a voluntarios de las Facultades de Ciencias Médicas y de la residencia en nutrición del H.I.G.A San Martín e H.I.G.A Rossi.
Con el objetivo de poder establecer comparaciones, para la encuesta actual se decidió mantener la selección muestral del relevamiento 2022, de carácter no probabilístico, construida en base a dos criterios centrales: la pertenencia a organizaciones sociales y otros espacios que participan del Consejo Social y la distribución geográfica, con el propósito de dar cuenta a partir de las unidades relevadas de la diversidad de situaciones.
De acuerdo a los últimos datos del INDEC, en el aglomerado Gran La Plata la desocupación alcanzó en el primer trimestre del 2024 a 39.000 personas, un 8,2% de la población económicamente activa, valores superiores al 7,1 del primer trimestre del 2023 y al 5,6 del cuarto trimestre de dicho año. Teniendo en cuenta este último dato se incorporaron 13.000 desocupados en el Gran La Plata durante los primeros tres meses del corriente año.
Esta situación es aún más alarmante si se suma la población ocupada que demanda empleo, que asciende en este primer trimestre a 83.000 personas, un 17,4 de la población económicamente activa del Gran La Plata (4,2 puntos más que en el primer trimestre de 2023, y 2,9 puntos respecto al último trimestre).
De acuerdo al informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, en el primer trimestre de 2024 comparado con el tercer trimestre de 2023, la inseguridad alimentaria en el país alcanza al 27,7% de las personas residentes en áreas urbanas, 20.8% de los hogares y 32.2% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), encontrándose una proporción de estos en una situación más grave, de inseguridad alimentaria severa (10.9% de las personas, 8.8% de los hogares y 13.9% de los NNyA).
Por su parte, en el Informe de UNICEF -octava ronda- se señala que a nivel nacional para abril de 2024 en un 48% de los hogares con niñas y niños los ingresos percibidos mensualmente no permiten cubrir los gastos corrientes, y en un 82% de los hogares los ingresos no alcanzaron para hacer frente a gastos de niños/as y adolescentes, marcando un aumento de 20 puntos respecto al año pasado.
El informe plantea asimismo que “… la única alternativa posible que encuentran los hogares es saltarse comidas. Más de 1 millón de chicas y chicos tuvieron que saltarse una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero (7,4% del total)”.
El resultado de toda la labor da cuenta que comedores, merenderos, ollas populares y otros SDA se encuentran ante una demanda cada vez mayor de alimentos por parte de sus comunidades, mientras su capacidad de respuesta se ve reducida.
También que las políticas provinciales y municipales de atención alimentaria hacia los SDA no alcanzan a compensar el retiro en la participación que, hasta diciembre de 2023, llevaba a cabo el Estado Nacional, dados los efectos en sus presupuestos de las políticas de ajuste estructural puestas en marcha.
Si bien los merenderos y comedores llevan a cabo estrategias para garantizar los alimentos faltantes, como son la búsqueda de donaciones, intercambio de alimentos y venta de productos elaborados en unidades productivas pertenecientes a las organizaciones sociales, la crisis económica imperante restringe estas posibilidades.
Lo cierto es que los comedores, merenderos y ollas populares cumplen un rol fundamental en lo que respecta a alimentación en los barrios, pero también al fortalecimiento de los lazos comunitarios en los diferentes territorios, por lo que resulta fundamental la intervención y el compromiso intersectorial en estos espacios.
Por estos motivos, consideran necesario que “el Gobierno Nacional reconozca las consecuencias negativas de las políticas que implementa en territorios, sectores sociales y actividades económicas, y revierta la orientación de las mismas. En tanto las éstas continúen, y a los fines de enfrentar sus consecuencias en la seguridad alimentaria es indispensable avanzar en el fortalecimiento de las redes comunitarias e interinstitucionales”.