Lunes Santo, un 14 de abril que en el calendario del 2025 se enmarca como el día previo al tan esperado desembolso del FMI que, cual Dios del actual gobierno, llegará para bendecir las arcas de una ultraderecha que prepara el boleto para una nueva fuga. La utilización de un nombre, Argentina, para gestionar, robar y descartar mientras el resto la sigue mirando por TV.
La data concreta es que el desembolso inicial del FMI, en el marco del nuevo acuerdo, será de u$s12.000 millones, los cuales serán de libre disponibilidad y llegarán mañana. Y acuerdo a lo informado en conferencia de prensa, adicionalmente entrarán de inmediato u$s1.500 millones de otros organismos internacionales, entre otros restos. Es decir, el equipo económico de Luis Caputo contará con u$s15.500
El esquema acordado también contempla u$s4.100 millones para junio (u$s2.000 millones del FMI y u$s2.100 millones de otros organismos) y u$s3.500 millones para el segundo semestre de 2025 (u$s1.000 millones del Fondo y u$s2.500 millones del resto).
“La exposición del Fondo alcanzaría un máximo de DEG 43.100 millones en 2026 (la mayor exposición en su historia), superaría el 100% de las reservas internacionales brutas hasta finales de 2027 y se mantendría por encima del 1.000% de la cuota hasta finales de 2029”, se explica en el documento emitido por el Fondo.
Además, advierte que “Las obligaciones totales del Fondo alcanzarían un máximo de más de 8.900 millones de DEG en 2030, lo que generaría necesidades generales de financiamiento externo bruto ligeramente mayores, que promediarían alrededor del 9 % del PIB (excluyendo el servicio de la deuda interna del sector público) en el período previsto”.
Un poco de historia
Argentina ingresó formalmente al FMI el 20 de septiembre de 1956. Mediante un decreto, el entonces presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu dispuso que el país iniciaría las gestiones para sumarse al organismo multilateral, que se había creado en diciembre de 1945 en el marco de los acuerdos de Bretton Woods y la participación de 29 países, luego de la Segunda Guerra Mundial.
Dos años después, llegaría el primer acuerdo entre la Argentina y el FMI, cuando el 4 de diciembre de 1958, el presidente radical Arturo Frondizi y su ministro de Economía, Emilio Donato del Carril, concretaron un stand-by. Ese programa implicó unos US$75 millones de entonces -equivalente a un 0,5% del PBI- y del 50% de la cuota del país en el organismo. “Hay que pasar el invierno”, fue la frase más recordada de Álvaro Alsogaray en aquella época.
De allí en adelante, todos los gobiernos que le sucedieron a los ya mencionados, de alguna u otra manera se vieron comprometidos a gestionar con el Fondo y sus condiciones.
Actualmente, Argentina va camino a concretar el acuerdo número 30 de su historia, siendo el país que más compromisos firmó con el organismo desde su ingreso en la entidad. Se trata de un nuevo capítulo en el vínculo recurrente de los gobiernos argentinos, marcado por idas y vueltas a lo largo de las décadas. En concreto, se podría decir que hasta la fecha, el país concretó un acuerdo cada 28 meses.
Al respecto, un informe elaborado para el Conicet por la investigadora Noemí Brenta hace un repaso de la larga relación con el Fondo y cómo fueron los 29 acuerdos firmados en casi 70 años de relación.
El primero de ellos, como ya mencionamos, se realizó durante el gobierno de Arturo Frondizi el 4 de diciembre de 1958, dos años después de adherir a la institución. Se trató de un crédito de u$s75 millones por el plazo de un año. La operación, destinada a estabilizar el problema cambiario y frenar la inflación, fue la primera de seis stand by consecutivos en un periodo de 10 años. Si bien el FMI otorgó el préstamo, el país sólo uso u$s42,5 millones.
Como aval, la principal cláusula propuesta hablaba de una reducción del 15% de los empleos públicos, además de un freno a la obra pública y de la privatización de empresas estatales.
Finalmente, Frondizi terminó acudiendo al FMI en tres oportunidades más (1959, 1960, 1961), todos por préstamos de u$s100 millones.
Con la llegada de los militares al poder, se firmaron otros cuatro acuerdos de financiamiento hasta 1983. El primero de ellos fue en agosto de 1976, por u$s300 millones, el mayor monto acordado hasta entonces a un país latinoamericano.
El giro fue clave para sostener el programa de estabilización de aquel entonces, que incluyó congelamiento de salarios, liberalización de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero. También inició un marcado crecimiento de la deuda externa pública, llegando a u$s 42.000 millones en 1982.
Aunque el balance de pagos estaba equilibrado, el gobierno de facto de Jorge Videla pidió en septiembre de 1977 otros u$s 194 millones. Por último, Reynaldo Bignone firmó los dos últimos acuerdos en dictadura, entre fines de 1982 y comienzos de 1983, por un total de u$s 2200 millones.
El período más “prolífico” en compromisos con el FMI fue bajo el mando de Carlos Menem. Hubo acuerdos Stand By con los ministros de Economía Néstor Rapanelli, en 1989, y Domingo Cavallo, en 1991 y 1996, además del de Facilidades Extendidas de 1992. El último fue en 1998 de la mano de Roque Fernández por u$s2800 millones. El riojano concretó así un total de cinco programas, la mayor cantidad para un solo gobierno y compartiendo el primer lugar con la administración de Raúl Alfonsín.
El ascenso de La Alianza y Fernando de la Rúa continúo con esta tradición y en diciembre de 2000 acordaron el blindaje por u$s13.700 millones. En agosto de 2001 el monto se incrementó a u$s 22.000 millones, lo que no podría evitar la crisis económica y social que terminaría con la salida del mandatario.
Eduardo Duhalde suscribió en enero de 2003, meses antes de entregar el gobierno, un nuevo stand by de tres años, por un monto de u$s 12.500 millones de entonces.
Sin embargo, en un gesto de “independencia económica” frente a los condicionamientos del organismo, el gobierno de Néstor Kirchner decidió romper lanzas con el FMI en 2006 cuando decidió abonar en un solo pago los u$s 10.000 millones que el país debía.
Recién en mayo de 2018, el gobierno de Mauricio Macri acudió al Fondo para el otorgamiento de u$s 56.300 millones en un programa stand by a tres años, cifra récord para el país. De ese total fueron desembolsados u$s 44.300 millones. Dinero del cual no se sabe su paradero o para qué fue utilizado.
Luego, el gobierno de Alberto Fernández concretó un nuevo programa en marzo de 2022 que preveía un refinanciamiento de estos vencimientos y un período de repago de 10 años, con cuatro años y medio de gracia.
El último acuerdo hasta el comienzo de la era Milei fue en julio de 2023, con Sergio Massa como Ministro de Economía y candidato a la presidencia, cerrando un desembolso por u$s7500 millones.
Después de seguir las cifras que se otorgaron a lo largo de 57 años, la pregunta que nos seguimos haciendo es por qué repetimos e insistimos en llegar a un acuerdo con el FMI, ¿es realmente necesario?, ¿había otras alternativas para evitarlo?
Primeramente la incertidumbre de hasta cuándo estará el aparente beneficio de un dólar que no tendrá mayores movimientos, seguido de un valor posterior a las elecciones que alcanzaría sumas inalcanzables despojando a los ahorristas de todo sueño acumulativo, ya sea en bancos o con la permanente compra de billetes verdes.
Segundo, la situación que deberá afrontar el común de la sociedad, los jubilados, y aquellos que no superan los 1.100.000 millones de pesos para no considerarse pobres, según lo establecido por el último informe sobre la canasta básica.
Y, para no continuar con una lista interminable, sólo restaría mencionar la negativa de Estados Unidos que nos impide vincularnos con China, potencia mundial de la cual es inevitable despegarse política y económicamente.