El ex presidente de YPF, Pablo González, criticó el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park, en el marco del litigio por la nacionalización de 2012. Para el también ex senador nacional y ex vicegobernador de Santa Cruz, detrás del fallo hay un intento de apropiación encubierta de Vaca Muerta, uno de los principales activos estratégicos del país.
“Burford busca apropiarse de YPF, o más concretamente de Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional”, afirmó González.
El fallo, emitido días atrás, es una continuación de la sentencia de mayo de 2023, cuando Preska condenó al Estado argentino al pago de una millonaria indemnización, aunque sin responsabilizar directamente a la empresa YPF. Es por ello que González opinó que esta nueva acción judicial busca compensar la “ineficacia” de aquel fallo anterior.
“La jueza no condenó a YPF, lo que dejó a Burford con un fallo menos efectivo. Ahora avanzan con una ejecución que, a mi modo de ver, es de muy difícil cumplimiento”, remarcó.
Entre sus argumentos jurídicos, González destacó que la Ley 26.741, que estaba vigente desde antes del litigio, exige que cualquier disposición sobre el paquete accionario mayoritario de YPF cuente con la aprobación de dos tercios del Congreso. Además, recordó que ese 51% de las acciones está repartido entre el Estado nacional y las provincias productoras de hidrocarburos, que no fueron consideradas en el proceso judicial en Estados Unidos. “Las provincias son dueñas de la mitad de ese 51%, y ni siquiera fueron parte del juicio. La jueza no puede desconocer esto. Esa ley ya existía cuando Burford compró la quiebra en España”, indicó.
También consideró que, pese a la complejidad del escenario legal, aún hay margen para defender los intereses nacionales. “La situación es difícil, pero hay herramientas para defender algo que es el futuro de los argentinos”, sostuvo, al advertir que Vaca Muerta tiene reservas estimadas en 308 trillones de pies cúbicos de gas, lo que equivale al consumo nacional por más de 150 años.
En ese sentido, lamentó que se haya frenado el desarrollo del proyecto de gas natural licuado (GNL) firmado con la petrolera malaya Petronas. Según relató, el acuerdo se cayó tras el anuncio del presidente Javier Milei de cambiar la ubicación del polo de producción de Bahía Blanca a Río Negro. “Petronas se bajó y se fue de la Argentina; ese proyecto era clave para monetizar el gas de Vaca Muerta”, apuntó.
Por otro lado, el ex titular de la petrolera estatal criticó el rumbo actual de la política energética y denunció que YPF está “dando pérdidas” en medio de una política de desregulación y de vinculación directa del precio interno con el valor internacional del crudo. Atribuyó esta situación a la reciente aprobación de la Ley Bases y cuestionó los aumentos en los gastos de publicidad de la empresa.
“Se gasta casi un 60% más que durante nuestra gestión. Parece que la caja de publicidad del Gobierno pasa por YPF”, denunció, y reprochó la actitud del presidente Milei frente al conflicto judicial, por considerar que “no está defendiendo los intereses del país” y en cambio se limita a “hacer política de bajo vuelo”.
“En vez de defender la posición argentina, se dedica a culpar a Cristina, a Kicillof. No puede darle la razón a los fondos buitres. Tiene que defender la ciudadanía nacional”, expresó.
Por último, el ex funcionario sostuvo que el camino más sensato ante el fallo judicial es la negociación, ya que “todavía hay mucho por resolver en este juicio. Creo que lo que va a pasar es una negociación madura con los demandantes, para evitar que la Argentina pierda el control sobre uno de sus recursos más valiosos”.