En Berisso, los taxistas volvieron a plantear la necesidad de que se cumpla con la ordenanza municipal que prohíbe el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify. El reclamo, encabezado por un grupo de choferes, apunta a que el municipio implemente controles efectivos en los accesos a la ciudad y sancione a los vehículos que presten este tipo de servicios de manera ilegal.
El pedido incluye secuestrar los autos detectados por un período mínimo de cinco días, como establece la normativa vigente, y enviar intimaciones a las empresas para que bloqueen el ingreso de unidades a la zona. Según explicó Cristian, uno de los choferes, este mecanismo ya se utilizó en otros momentos; cuando Uber identifica un área restringida, suele advertir a sus conductores y restringir viajes hacia ese destino.
El sector sostiene que el problema central es económico. Poner en la calle un taxi nuevo cuesta alrededor de 20 millones de pesos, a lo que se suman gastos mensuales de desinfección, seguros, mantenimiento y repuestos que hoy tienen valores elevados; un embrague puede superar el medio millón de pesos y un radiador llega a costar 500 mil. En contraste, cualquier vehículo particular con registro común puede operar mediante aplicaciones sin cumplir con estas exigencias.
Los ingresos tampoco alcanzan. Un chofer de taxi, trabajando entre 12 y 14 horas por día, logra llevar a su casa entre 10 y 15 mil pesos diarios, una cifra insuficiente para sostener a una familia. La competencia con autos no habilitados agrava aún más la situación, al reducir la cantidad de viajes disponibles.
El conflicto escaló el fin de semana pasado, cuando un conductor de Uber de 60 años fue agredido por un taxista tras un roce entre vehículos. Desde el sector admiten que se trató de un hecho aislado, que no representa la postura general, y remarcan que la intención no es generar violencia sino lograr que el municipio haga cumplir la normativa.
En reuniones con el nuevo secretario de Seguridad local, los taxistas consiguieron el compromiso de realizar operativos en distintos puntos de acceso a la ciudad, con participación de representantes del sector como veedores. La expectativa es que, con estos controles, se reduzca el ingreso de vehículos de aplicaciones.
Los choferes remarcan que no se trata de impedir el trabajo de otros trabajadores, sino de garantizar que todos cumplan con las mismas reglas.
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