La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesionará esta semana para dar ingreso formal al proyecto de presupuesto, la ley fiscal impositiva y el paquete de financiamiento impulsado por el Ejecutivo provincial. Será la primera instancia del proceso parlamentario, con la meta oficial de lograr la aprobación antes del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán las nuevas autoridades.
El tratamiento de estas iniciativas marcará una etapa clave en la discusión política bonaerense. Tras dos años de presupuesto reconducido, el Ejecutivo busca recuperar margen de acción para equilibrar las cuentas y garantizar fondos a los municipios, en un contexto económico de alta inflación y tensión entre niveles de gobierno.
Uno de los temas que genera mayor expectativa es la posible condonación de deudas de los municipios por los fondos recibidos durante la pandemia de COVID-19. Si bien el proyecto había sido presentado meses atrás por legisladores del radicalismo y de Unión por la Patria, versiones recientes señalaron que podría volver al debate, aunque desde distintos sectores advierten que no está confirmado en el temario de la sesión.
La negociación política será intensa. Desde el oficialismo se trabaja en la construcción de acuerdos que permitan avanzar con el presupuesto, el nuevo pedido de endeudamiento, cercano a los 1.900 millones de dólares, y la creación de un fondo específico de asistencia a los distritos, con la posibilidad de destinar hasta un 8% de ese monto a los municipios.
El Ejecutivo bonaerense busca cerrar estos temas antes del recambio legislativo, en un escenario donde confluyen intereses partidarios, presiones territoriales y la necesidad de garantizar recursos para afrontar fin de año. En paralelo, se multiplican los rumores sobre los movimientos internos de los distintos bloques, la continuidad de algunas figuras claves y las estrategias de cara al nuevo período político.
El panorama es complejo y el calendario ajustado. Con apenas unas semanas por delante, la Legislatura deberá definir si logra sancionar la llamada “ley de leyes” antes del 10 de diciembre o si el tratamiento se extenderá bajo una nueva composición parlamentaria.