El gobernador Axel Kicillof participó este martes de una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco del reclamo que la Provincia de Buenos Aires mantiene contra el Estado nacional por una deuda superior a los $2,3 billones vinculada a fondos previsionales.
Del encuentro también formaron parte el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
Durante la audiencia, el máximo tribunal solicitó al Gobierno nacional —a través del Ministerio de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social— que presente una propuesta concreta para saldar la deuda el próximo 10 de junio. Se trata de un reclamo que la administración bonaerense viene sosteniendo desde hace más de dos años.
El conflicto se originó tras la interrupción de las transferencias obligatorias que la ANSES debe realizar a aquellas provincias que mantienen sus cajas jubilatorias sin transferir al sistema nacional.
Kicillof remarcó además que este no es el único frente judicial abierto: la Provincia acumula ocho demandas ante la Corte Suprema por distintos conceptos, que en conjunto superan los $15 billones. Según indicó, ese monto representa cerca de un tercio del presupuesto provincial vigente.
El mandatario también advirtió sobre el impacto del contexto económico nacional, al señalar que las políticas implementadas por el Gobierno central han generado una fuerte presión sobre las finanzas provinciales y municipales, profundizando las necesidades sociales.
En paralelo, la Provincia impulsó otras siete presentaciones judiciales por recortes en áreas clave, como seguridad, transporte, educación y ambiente. Entre ellas se incluyen reclamos por la eliminación o reducción de fondos como el de Fortalecimiento Fiscal, el de Compensación al Transporte del Interior y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, además de cuestionamientos a medidas vinculadas al sistema de boletos integrados, financiamiento de obras y acuerdos fiscales.
De la audiencia también participaron el fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti.