Cada 25 de Mayo la Argentina vuelve a mirarse en el espejo de 1810. Aquella Revolución que nació en las calles, entre el murmullo de un pueblo cansado de obedecer intereses ajenos, no fue solamente una disputa institucional contra la corona española. Fue, sobre todo, una rebelión contra un sistema económico y político que condenaba a las mayorías a la dependencia, mientras unos pocos concentraban privilegios y riquezas.
Pero también fue el inicio de un camino de soberanía. La Revolución de Mayo expresó la voluntad de un pueblo de dejar de recibir órdenes desde afuera, de romper con una estructura colonial donde las decisiones económicas, políticas y comerciales eran tomadas en beneficio de una potencia extranjera mientras estas tierras quedaban relegadas al papel de simple proveedor de recursos.
Doscientos quince años después, la palabra “libertad” vuelve a ocupar el centro de la escena política. Pero la pregunta inevitable es: ¿libertad para quién? ¿Y soberanía para quién?
Mientras el discurso oficial celebra mercados desregulados y ajuste fiscal, miles y miles de argentinos atraviesan una realidad que cruje. La economía se ha transformado en una maquinaria donde cada día más familias quedan del lado de afuera. Comercios que bajan persianas, jubilados que eligen entre medicamentos o alimentos, trabajadores pobres que aun teniendo empleo no logran llegar a fin de mes, jóvenes sin horizonte y sectores medios que descienden lentamente hacia la precariedad.
Como en los tiempos previos a Mayo de 1810, vuelve a instalarse una sensación amarga: la de un país pensado para beneficiar a una minoría mientras el resto apenas sobrevive.
Entonces eran comerciantes ligados a la corona y sectores privilegiados que administraban la riqueza del Virreinato. Hoy son grupos financieros, fondos de inversión, corporaciones multinacionales y actores económicos que encuentran en este modelo un escenario ideal para multiplicar ganancias mientras el costo social se distribuye entre millones.
La dependencia ya no llega en barcos españoles. Llega a través de condicionamientos financieros, deuda externa, organismos internacionales y alineamientos automáticos con potencias extranjeras. La Argentina parece haber resignado buena parte de su capacidad de decidir su propio destino para someterse a directrices políticas, económicas y geopolíticas dictadas desde Estados Unidos, acompañando intereses ajenos incluso cuando chocan con las necesidades de su propio pueblo.
También aparecen nuevas formas de subordinación: las grandes corporaciones tecnológicas y científicas que concentran información, conocimiento y recursos estratégicos; los fondos buitres que especulan con la deuda de países enteros; las multinacionales que condicionan políticas públicas mientras acumulan ganancias extraordinarias. En pleno siglo XXI, la soberanía ya no se disputa solamente sobre el territorio, sino también sobre los alimentos, la energía, los datos, la ciencia y la tecnología.
Pero la crisis argentina ya no es solamente económica. También es moral, cultural y política.
Los lazos sociales aparecen rotos. La empatía parece haber sido reemplazada por la lógica del “sálvese quien pueda”. La violencia verbal domina el debate público. El odio se volvió espectáculo cotidiano y la sensibilidad frente al sufrimiento ajeno empieza a erosionarse peligrosamente.
La dirigencia política carga además con un descrédito histórico. Oficialismo y oposición conviven bajo una misma desconfianza social. La Justicia es observada como un poder alejado de las necesidades reales de la gente y muchas veces condicionado por intereses políticos y económicos. Los medios de comunicación, por su parte, atraviesan también una profunda pérdida de credibilidad: para una gran parte de la sociedad ya no informan, sino que operan, militan o negocian poder.
En ese contexto, el aniversario de la Revolución de Mayo interpela mucho más que una efeméride escolar. Obliga a preguntarse qué significa hoy construir una patria.
Porque los hombres y mujeres de 1810 no imaginaron una nación basada únicamente en balances fiscales o índices financieros. Soñaron —con contradicciones, claro— un proyecto colectivo donde la política pudiera emancipar a un pueblo y no someterlo, donde la independencia no fuera apenas una bandera sino la capacidad real de decidir el propio rumbo.
La historia argentina demuestra que ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente cuando la desigualdad se profundiza, cuando la esperanza desaparece y cuando la mayoría siente que el futuro le fue arrebatado. Tampoco cuando la soberanía se entrega en nombre de mercados, alianzas internacionales o intereses corporativos que nada tienen que ver con la vida cotidiana de quienes trabajan, producen y sostienen el país.
Quizás la verdadera discusión de este tiempo no sea entre “libertad” o “Estado”, entre “mercado” o “intervención”, sino entre una Argentina subordinada a poderes externos y una Argentina capaz de recuperar autonomía, dignidad y justicia social.
Porque si la libertad solo alcanza a quienes pueden pagarla, deja de ser libertad y se convierte en privilegio.
Y porque ningún grito patriótico tiene sentido si detrás de las banderas crece un pueblo cada vez más solo, más pobre, más dependiente y más descreído.