En la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto denominado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, el integrante del Observatorio de Coyuntura Internacional y Política (OSIPEx), Adilio Bareiro, cuestionó la iniciativa y aseguró que su verdadero objetivo es facilitar la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.
Según explicó, la modificación impulsada por el Gobierno eliminaría uno de los principales límites establecidos por la Ley de Tierras Rurales, permitiendo ampliar la superficie que puede quedar en manos de personas físicas y jurídicas extranjeras. “Detrás de esta propuesta hay un gran negocio inmobiliario que beneficia principalmente a corporaciones internacionales”, sostuvo.
Bareiro advirtió que Argentina atraviesa un contexto geopolítico complejo y remarcó que, mientras otros países refuerzan la protección de sus recursos estratégicos, el Gobierno nacional avanza en sentido contrario. “Ningún país serio promueve un nivel de extranjerización como el que se pretende instalar aquí”, afirmó.
El especialista recordó que actualmente alrededor del 5% del territorio nacional, unas 13 millones de hectáreas, ya pertenece a capitales extranjeros, muchas de ellas ubicadas en zonas estratégicas vinculadas a la minería, la cordillera y la Hidrovía. Además, cuestionó la propuesta de elevar del 15% al 25% el límite permitido de tierras en manos extranjeras, porque “aunque se presente como una modificación menor, sigue siendo alarmante porque permitiría que una cuarta parte de cada provincia quede bajo control extranjero”.
Bareiro también mencionó casos emblemáticos como los de Joe Lewis y Luciano Benetton para ejemplificar el avance de capitales internacionales sobre grandes extensiones de territorio argentino, y recordó que la vigencia de la actual Ley de Tierras fue preservada por una medida judicial impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata tras el DNU 70/2023.
Por último, expresó su expectativa de que la movilización prevista frente al Congreso contribuya a frenar la iniciativa. “Es una discusión que excede la propiedad privada; está en juego la soberanía sobre nuestros recursos naturales y el futuro del país”, concluyó.