El destino de los recursos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) quedó bajo la lupa luego de que el propio Gobierno nacional admitiera que una parte de esos fondos no se utiliza para infraestructura vial. La discusión tomó fuerza en la Legislatura bonaerense, donde la Comisión de Obras Públicas convocó a distintos actores para analizar la situación, mientras avanzan pedidos de informes y una denuncia penal por una posible malversación de fondos.
La periodista Gabriela Edith Lorenzo explicó que el ICL se cobra cada vez que una persona carga combustible y que la legislación establece distintas asignaciones para los recursos obtenidos. Entre ellas se encuentran fondos vinculados con infraestructura vial, obras hídricas, transporte, vivienda y otros destinos específicos. “Hay una brecha muy grande entre los recursos que recauda la Nación a través del ICL y los fondos que efectivamente ejecuta”, señaló.
La controversia se profundizó a partir de declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien inicialmente reconoció que una parte de los recursos del impuesto no se destinaba a Vialidad y quedaba a disposición del Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal. Días después, ante nuevas consultas, el funcionario sostuvo que el Gobierno respeta las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso. Esa explicación; sin embargo, no despejó los cuestionamientos sobre el destino concreto de los fondos.
En la provincia de Buenos Aires, el tema comenzó a ser abordado institucionalmente por la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura. Durante la reunión participaron legisladores, especialistas y familiares de víctimas de accidentes viales. Entre quienes expusieron estuvo la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti, quien viene realizando un seguimiento del tema y presentó iniciativas vinculadas con el precio de los combustibles y el financiamiento de la infraestructura.
Uno de los datos más preocupantes expuestos durante la jornada fue el estado de las rutas nacionales. Según los datos citados por Rasquetti, entre el 70% y el 77% de esas rutas se encuentran en condiciones que van de regulares a malas. La legisladora también vinculó el deterioro de la infraestructura con la siniestralidad vial. “Alrededor de 700 personas que han sido víctimas fatales en 2025 han muerto por culpa de las condiciones del mal estado de estas rutas”, afirmó.
Otro dato central para comprender la dimensión del problema es que sobre el inicio de la actual gestión nacional se habrían recaudado alrededor de 1,5 billones de pesos correspondientes al componente del ICL destinado al sistema vial, pero solamente se habrían ejecutado unos 394.000 millones; es decir, aproximadamente el 26% de lo recaudado.
La diferencia se vuelve todavía más significativa al observar la evolución anual. Según la información presentada en la Legislatura, durante 2024 se habría ejecutado cerca del 40% de los recursos correspondientes al sistema vial; en 2025, alrededor del 30%; mientras que en lo que va de 2026 la ejecución rondaría apenas el 0,2%. “En total, durante estos tres años, esta investigación revela que solamente el 25% se destinó” al fin específico, indicó Lorenzo.
El reclamo no se limita al mantenimiento de las rutas. El ICL también contempla recursos destinados a infraestructura hídrica, una cuestión especialmente sensible frente a los fenómenos climáticos extremos. Por ello, la falta de ejecución de esas partidas puede trasladar los costos hacia las provincias cuando aparecen inundaciones, emergencias productivas o daños en infraestructura.
A las denuncias por el destino de los fondos se suma una dimensión política, ya que el Poder Ejecutivo nacional habría girado de manera discrecional más de 33.000 millones de pesos provenientes de fondos fiduciarios a distintas provincias en momentos vinculados con votaciones de leyes consideradas estratégicas en el Congreso. Para Lorenzo, esto abre otra discusión sobre el uso de los recursos como herramienta de presión política: “No solamente retiene para desfinanciar, sino que también lo usa como una moneda de extorsión para conseguir después la aprobación de las leyes que necesitan en el Congreso”.
El caso ya derivó en acciones institucionales. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal para que se investigue una posible malversación de fondos, mientras otros legisladores solicitaron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el Congreso. El eje de la discusión será determinar si los recursos recaudados mediante un impuesto con asignaciones específicas fueron utilizados de acuerdo con lo establecido por la legislación.