La investigadora Virginia Aparicio, quien coordinó la participación argentina en el proyecto europeo SPRINT sobre exposición a plaguicidas, volvió a referirse públicamente a los resultados del estudio y a su situación laboral en el INTA. Según relató en entrevista con Frecuencia Camalote, la institución inició un sumario en 2023 que culminó con una decisión de exoneración, conocida a través de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), aunque todavía no recibió la notificación oficial.
El proyecto SPRINT buscó identificar la exposición crónica a más de 200 plaguicidas de uso actual y analizar los posibles efectos de las mezclas de estas sustancias. Aparicio explicó que la investigación permitió establecer cuáles eran los 20 productos más frecuentes para avanzar en los ensayos toxicológicos, frente a un escenario en el que buena parte de los estudios científicos se concentra en los efectos de sustancias individuales.
En las muestras analizadas en el sudeste de la provincia de Buenos Aires «se detectó la presencia de múltiples productos en el ambiente, los animales, los vegetales y las personas». La investigadora señaló que, debido al predominio de la producción de cereales y oleaginosas en esa región «aparecen más herbicidas que otros tipos de plaguicidas», y que «las concentraciones registradas en Argentina son superiores a las europeas».
Como referencia, Aparicio indicó que en Europa se utilizan alrededor de dos kilos de ingrediente activo por hectárea al año, con el objetivo de reducir esa cifra a uno para 2030, mientras que en Argentina el promedio alcanza los 5,5 kilos. Sumado a ello, el país carece de políticas públicas que orienten una reducción sostenida del uso de estos productos.
Seguidamente, destacó que, mientras la participación argentina en el proyecto se interrumpió antes de completar todas las etapas, en Europa continuaron los estudios y se obtuvieron resultados sobre efectos en organismos vivos y en sistemas del cuerpo humano, como el digestivo y el respiratorio. La información del proyecto, finalizado en febrero de 2026, se encuentra disponible públicamente en su sitio web.
Consultada sobre las formas de protección individual, consideró que la responsabilidad principal debe recaer en el Estado, mediante controles y políticas públicas que garanticen alimentos, agua y aire seguros. Si bien mencionó que recurrir a productos agroecológicos o filtrar el agua puede reducir determinados riesgos, planteó que esas alternativas no están al alcance de toda la población y no reemplazan una estrategia integral de prevención.
Finalmente, Aparicio explicó que continúa asistiendo al INTA y acompañando a sus tesistas mientras espera la notificación formal de su exoneración. Afirmó que agotará las instancias administrativas y luego recurrirá a la vía judicial para intentar recuperar su puesto de trabajo. Su caso vuelve a poner en discusión tanto la continuidad de las investigaciones sobre contaminación por plaguicidas como las condiciones laborales de quienes integran el sistema público de ciencia.