La aparición de amenazas en establecimientos educativos de la región encendió las alarmas y motivó un trabajo coordinado entre municipios, fuerzas de seguridad, justicia y autoridades educativas. Aunque en muchos casos se investiga si se trata de “bromas”, desde el Estado plantearon que no se trata de hechos menores, sino de delitos penales que serán investigados y sancionados.
El secretario de Seguridad de Berisso, Gabriel Marote, explicó que el primer caso formal en el distrito se registró en la Escuela Técnica N°2, donde apareció una inscripción en un baño que advertía sobre un presunto tiroteo. A partir de esa situación, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia. La causa quedó en manos del fiscal Condomí Alcorta.
“Esto es un delito de intimidación pública, como una amenaza de bomba”, remarcó Marote, y subrayó la necesidad de que las familias también se involucren: “Hay que estar atentos a que nuestros hijos no participen, ni siquiera como una broma, porque las consecuencias son graves”.
La problemática no es aislada. Según detallaron las autoridades, situaciones similares se registraron en La Plata, Ensenada y otros puntos del país, e incluso en países vecinos como Chile y Uruguay. “Ya no es una cuestión regional, sino que trasciende fronteras, en gran parte por la circulación en redes sociales”, advirtió el funcionario.
En Ensenada, el secretario de Seguridad Martín Slobodian confirmó que se detectaron al menos cuatro casos en escuelas secundarias y que algunos incluyeron publicaciones en redes sociales con exhibición de armas, lo que elevó el nivel de preocupación. “No lo podemos tomar como un chiste, lo sea o no. Más vale prevenir que después lamentar”, afirmó.
Tras una reunión convocada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, se acordó un abordaje conjunto que incluye la obligatoriedad de radicar denuncias ante cualquier amenaza, el refuerzo de la presencia policial en los establecimientos y el avance de investigaciones para identificar a los responsables.
“Algunos ya están identificados y va a haber consecuencias. Esto no es una joda”, indicó el funcionario quien también confirmó que las penas por intimidación pública pueden ir de dos a seis años de prisión.
El trabajo se articula además con el sistema educativo, que aporta una mirada pedagógica para abordar estas situaciones con estudiantes y familias. Sin embargo, desde el área de seguridad insistieron en que el enfoque debe ser integral y firme, para evitar que estos episodios escalen y garantizar que las escuelas sigan siendo espacios seguros.
Mientras continúan las investigaciones, ambas autoridades coincidieron en que la prevención y la rápida intervención son fundamentales para evitar que amenazas de este tipo pasen del plano virtual o simbólico a hechos concretos.
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