El conflicto entre la administración de Axel Kicillof y el Gobierno Nacional escaló a un nuevo nivel de tensión tras la denuncia de AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) por irregularidades en la licitación de corredores viales nacionales. Según el titular de la empresa bonaerense, José Ramón Arteaga, el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo modificó las condiciones del pliego con el único fin de desplazar a la operadora pública de la competencia.
“En la mitad del río, cambiaron las condiciones para excluir a AUBASA. Ya hemos impugnado el proceso y, si no hay marcha atrás por la vía administrativa, iremos a la Justicia”, afirmó Arteaga en declaraciones radiales.
La disputa gira en torno a la concesión de arterias fundamentales para la economía y la conectividad bonaerense, incluyendo la Autopista Richeri y las Rutas Nacionales 3, 205 y 226. Estos trazados son considerados vitales por la Provincia, ya que conectan cordones productivos, refinerías y puertos de gran calado.
Desde AUBASA sostienen que la intención del gobernador y del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, era integrar estos tramos a la red que ya administra la provincia (como la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Corredor del Atlántico) para potenciar la logística regional.
Uno de los puntos más polémicos de la denuncia es el perfil de los competidores que quedarían en carrera. Arteaga subrayó que AUBASA es la única entidad con experiencia probada en gestión y administración de flujos de tránsito, mientras que el resto de los oferentes son empresas constructoras sin trayectoria en la operación diaria de rutas.
“Es un argumento absurdo decir que AUBASA no hace obras. Nosotros reinvertimos la tarifa en las rutas 2, 11 y 6, a diferencia de Nación, que recauda el impuesto a los combustibles y nadie sabe a dónde va ese dinero” , disparó el funcionario.
Para la conducción de la empresa, la maniobra tiene un trasfondo netamente político. Arteaga calificó la decisión de Caputo como un intento de “cagarle la vida al bonaerense” por diferencias ideológicas con la gestión provincial.
Por el momento, la Provincia se encuentra a la espera de la resolución de la impugnación. De no obtener una respuesta favorable, intervendrá la Fiscalía de Estado para iniciar el reclamo por la vía judicial, bajo la premisa de defender la autonomía y los recursos de los ciudadanos de Buenos Aires.
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