«Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.»
Los Redondos escribieron esa frase hace más de tres décadas. No era una teoría jurídica ni un manifiesto partidario. Era una intuición. Una de esas verdades incómodas que nacen en la cultura popular antes de llegar a los libros de Derecho. La cárcel, parecía decir el Indio Solari, nunca es solamente un edificio. También es un espejo de la sociedad que la construye.
Mucho antes, José Hernández había llegado a una conclusión parecida. En el Martín Fierro dejó dos versos que atravesaron generaciones porque describían una realidad que el pueblo conocía demasiado bien. El primero era casi un consejo de supervivencia: «Hacéte amigo del juez, no le des de qué quejarse…». El segundo era una sentencia demoledora: «La ley es tela de araña… no la teme el hombre rico, no la teme el que mande; pues la rompe el bicho grande y sólo enrieda a los chicos.»
Entre el gaucho perseguido de Hernández y el rock suburbano de los Redondos median más de cien años. Cambiaron los gobiernos, las Constituciones, los códigos, los edificios de los tribunales y hasta los uniformes de quienes ejercen el poder. Sin embargo, la sospecha permanece intacta: la Justicia argentina nunca terminó de convencer a los argentinos de que mira a todos con los mismos ojos.
Quizá allí resida el verdadero problema.
No en que existan jueces. Ni siquiera en que existan causas por corrupción. Una República necesita magistrados independientes y funcionarios que rindan cuentas. Lo verdaderamente inquietante comienza cuando una parte importante de la sociedad deja de confiar en que las reglas sean las mismas para todos.
En los últimos años esa desconfianza se volvió casi sentido común.
Hace tiempo empezó a circular una palabra incómoda: lawfare. Durante años fue descalificada como una excusa del progresismo latinoamericano para justificar los problemas judiciales de algunos de sus dirigentes. Sin embargo, el concepto sobrevivió porque describía algo que excedía un caso particular: la sospecha de que la disputa política ya no se libra únicamente en las urnas sino también en los tribunales, en los estudios de televisión y en las tapas de los diarios.
No hace falta compartir esa definición para reconocer un dato evidente: buena parte de las grandes discusiones políticas argentinas terminaron judicializadas.
Y allí aparece una pregunta que nadie consigue responder de manera convincente.
¿Por qué determinados dirigentes parecen ser investigados con una intensidad extraordinaria mientras otros atraviesan denuncias igualmente resonantes sin provocar la misma reacción institucional, mediática o judicial?
La cuestión no consiste en reclamar impunidad. Todo lo contrario. Si hubo delitos, corresponde investigarlos y sancionarlos. El punto es otro: ¿la vara es la misma para todos?
La percepción social dice que no.
Durante las últimas dos décadas, las causas de mayor impacto político tuvieron como protagonistas, en gran medida, a dirigentes vinculados al peronismo y particularmente al kirchnerismo. Las investigaciones ocuparon durante años el centro de la escena pública. Los allanamientos fueron televisados. Las filtraciones de expedientes parecían formar parte del espectáculo cotidiano. Muchas veces la condena social llegó mucho antes que la sentencia.
Mientras tanto, otros sectores del poder político atravesaron investigaciones de enorme trascendencia pública sin generar un clima semejante.
El caso del expresidente Mauricio Macri suele aparecer en el centro de esa discusión. Las distintas investigaciones vinculadas a decisiones de gobierno, el espionaje ilegal, el Correo Argentino, los parques eólicos y otros expedientes alimentaron un intenso debate político y judicial. Sin embargo, para muchos observadores nunca existió alrededor de esas causas el mismo nivel de presión pública que sí acompañó a otras investigaciones.
La controversia creció aún más cuando trascendieron encuentros sociales entre magistrados, funcionarios, empresarios y directivos de medios de comunicación. El episodio de Lago Escondido, independientemente de las responsabilidades que la Justicia determine, impactó sobre la credibilidad institucional porque instaló una imagen difícil de disipar: la cercanía entre actores que, en una democracia, deberían preservar una distancia prudente para evitar cualquier sospecha sobre su imparcialidad.
La confianza en la Justicia no depende solamente de que los jueces sean independientes. También depende de que la sociedad los perciba como tales.
Algo parecido ocurre hoy con las investigaciones que involucran al actual gobierno nacional. Diversas denuncias públicas y expedientes judiciales conviven con un debate sobre la velocidad, la profundidad y el alcance de esas investigaciones. El contraste con procesos anteriores alimenta nuevamente la sospecha de que los tiempos de la Justicia no siempre responden al calendario de los expedientes, sino también al clima político de cada época.
En ese contexto, el caso de Cristina Fernández de Kirchner adquirió una dimensión que trasciende largamente su situación personal.
Para una parte importante de la sociedad, sus condenas son la demostración de que nadie está por encima de la ley. Para otra, representan el ejemplo más acabado de una utilización política del sistema judicial. Esa sola división debería ser motivo de preocupación institucional. Porque cuando una sentencia deja de ser percibida únicamente como un acto de Justicia y pasa a leerse como un episodio más de la disputa política, el problema ya no pertenece solamente a los jueces ni a los acusados. Pertenece a toda la democracia.
Tal vez por eso los versos de Hernández siguen vivos.
«Hacéte amigo del juez…»
No era solamente un consejo para un gaucho perseguido. Era la descripción de un país donde las relaciones de poder muchas veces pesaban más que los códigos.
Y también por eso vuelve, una y otra vez, aquella frase de los Redondos.
«Si esta cárcel sigue así…»
Porque una sociedad puede aceptar que existan condenas. Lo que difícilmente acepte es la sensación de que algunos llegan a ellas por un camino mucho más corto que otros.
Las democracias no se deterioran únicamente cuando desaparecen las elecciones o cuando irrumpen los golpes de Estado. También empiezan a resquebrajarse cuando millones de ciudadanos dejan de creer que la ley es igual para todos.
Entonces la Justicia deja de ser el lugar donde terminan los conflictos y empieza a convertirse en otro escenario donde se disputan.
Y es allí donde el viejo canto del rock nacional deja de ser una metáfora para transformarse en una advertencia.
No porque todo condenado sea un preso político.
Sino porque cuando una parte de la sociedad deja de confiar en la imparcialidad de sus jueces, toda prisión de un dirigente poderoso adquiere, inevitablemente, una dimensión política.
Tal vez ese sea el verdadero significado de aquella canción.
Y tal vez por eso siga sonando tan actual.