El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense dos proyectos de ley que buscan consolidar políticas sanitarias estratégicas, como lo son la institucionalización del Sistema Integrado de Información en Salud (SIBA) y la creación de una Industria Farmacéutica Bonaerense con participación estatal mayoritaria.
Las iniciativas comenzarán a debatirse una vez finalizado el receso legislativo y cuentan, en principio, con consenso dentro del oficialismo para avanzar en su tratamiento.
Uno de los proyectos propone convertir en ley el Sistema Integrado de Información en Salud (SIBA), una herramienta que ya funciona en buena parte del territorio bonaerense y que permite unificar las historias clínicas de los pacientes.
El objetivo es que toda la información médica —estudios, análisis, diagnósticos y tratamientos— pueda ser consultada desde cualquier hospital o centro de salud de la provincia, evitando que las personas deban comenzar de cero cada vez que cambian de institución o de nivel de atención.
La iniciativa también prevé incorporar al sistema a clínicas privadas, prepagas y otros efectores de salud, promoviendo la interoperabilidad de la información sanitaria y una respuesta más coordinada ante situaciones de emergencia.
De esta manera, el Gobierno provincial busca garantizar la continuidad de una política pública que ya se encuentra en funcionamiento y darle respaldo legal para que trascienda futuras gestiones.
El segundo proyecto, en tanto, impulsa la creación de una Industria Farmacéutica Bonaerense bajo la figura de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria.
La nueva empresa tendrá como finalidad investigar, desarrollar, producir y distribuir medicamentos, vacunas e insumos sanitarios destinados principalmente al sistema público de salud.
Según los fundamentos de la iniciativa, la Constitución de la Provincia considera al medicamento un bien social, por lo que el acceso a los tratamientos no debería depender exclusivamente de la capacidad económica de cada persona.
Además de fortalecer la producción pública, el Ejecutivo busca reducir la dependencia de laboratorios privados e importaciones, generar mayor capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias y establecer precios de referencia que contribuyan a moderar los valores del mercado farmacéutico.
Otro de los argumentos es que la producción estatal permitirá investigar y desarrollar medicamentos para enfermedades poco frecuentes o tratamientos que, por su baja rentabilidad, suelen quedar fuera del interés de la industria privada.
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