Hay momentos en la historia política de un país en los que los discursos dejan de ser apenas palabras para convertirse en síntomas. La Argentina atraviesa uno de esos momentos. Mientras la economía continúa condicionando la vida cotidiana de millones de personas, buena parte de la dirigencia parece haber elegido instalar otra agenda: la de la confrontación permanente, la descalificación del adversario y la construcción de enemigos antes que la búsqueda de soluciones.
No se trata de un fenómeno nuevo, pero sí de uno que se profundiza. Y cuando esa lógica nace desde la máxima autoridad institucional del país, el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en una cuestión de calidad democrática.
El gobierno de Javier Milei parece haber consolidado un método. Frente a cada dificultad económica, frente a cada dato que contradice el relato oficial o frente a cada caída en los niveles de aprobación, la respuesta vuelve a ser la misma: elevar el volumen de la confrontación.
La semana que terminó volvió a ofrecer varios ejemplos.
La escalada verbal contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no constituye un episodio aislado. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y el liderazgo de ambos países debería ser capaz de administrar diferencias ideológicas sin poner en riesgo una relación estratégica. Sin embargo, el Gobierno insiste en convertir la política exterior en una prolongación de la batalla cultural doméstica, confundiendo convicciones con diplomacia y épica (libertaria) con política de Estado.
Tampoco dejó saldo positivo la presentación presidencial en Perú, que lejos estuvo de transformarse en el relanzamiento internacional que imaginaba la Casa Rosada. La escena terminó absorbida por la dinámica de un gobierno que parece encontrar más comodidad en la confrontación que en la construcción de consensos.
Como si ese escenario no fuera suficientemente complejo, la propia vicepresidenta Victoria Villarruel decidió volver a diferenciarse públicamente del Presidente al poner en duda su estado de salud mental. No es un dato menor. Que semejante afirmación provenga de quien integra la fórmula presidencial expresa hasta qué punto la fractura dentro del oficialismo dejó de ser una especulación periodística para convertirse en un hecho político.
La pregunta inevitable es por qué el Gobierno insiste en profundizar un clima de tensión cuando buena parte de la sociedad parece demandar exactamente lo contrario.
Una explicación posible está en la economía.
El relato libertario continúa apoyándose sobre algunos indicadores macroeconómicos que muestran cierta estabilidad respecto del caos heredado. Sin embargo, la vida cotidiana cuenta otra historia. Las familias argentinas atraviesan uno de los niveles de endeudamiento más altos de los últimos años. La tarjeta de crédito dejó de ser un instrumento de consumo para convertirse en una herramienta de supervivencia. Los préstamos personales ya no financian proyectos; financian alimentos, medicamentos, servicios y gastos corrientes.
La desaceleración inflacionaria, objetivo central del Gobierno durante su primer año de gestión, todavía no consiguió traducirse en una mejora perceptible del poder adquisitivo para amplios sectores sociales, todo lo contrario. Y los números oficiales contrastan claramente con la realidad. El salario continúa corriendo detrás del costo de vida, el consumo permanece estancado y la actividad económica ofrece señales contradictorias.
Por eso comienzan a observarse cambios en el humor social.
Sin necesidad de detenerse en una encuesta en particular, distintos estudios de opinión coinciden en una tendencia que el oficialismo ya no puede desestimar: la imagen presidencial decrece más que paulatinamente y comenzó un proceso de desgaste que no encuentra piso alguno. Del mismo modo, una mayoría de los consultados atribuye al actual gobierno una responsabilidad directa sobre la situación económica. No se trata de desconocer el pasado. Se trata de asumir que, a medida que transcurren los meses, la sociedad empieza a evaluar cada vez más la gestión presente y cada vez menos el pasado.
Ese cambio de percepción explica, en parte, la intensidad de la confrontación política.
Cuando los resultados económicos tardan en llegar, la disputa cultural vuelve a ocupar el centro de la escena. La agenda pública se llena de polémicas, agravios, enfrentamientos personales y discusiones identitarias. El conflicto deja de ser una consecuencia para transformarse en una herramienta de gobierno.
La fallida cadena nacional para anunciar medidas para con el Banco Central, parecieron, lejos de los anuncios electorales del cierre de la entidad, ser un mojón para perpetuar medidas libertarias frente a una posible derrota electoral del 2027.
Sin embargo, la realidad siempre termina imponiendo sus propias prioridades.
Terminó el Mundial. Se apagó durante algunos días el principal entretenimiento colectivo y la agenda volvió a girar alrededor de aquello que verdaderamente condiciona la vida de la gente. El regreso a clases amenaza con comenzar bajo un nuevo paro docente, mientras el Gobierno insiste en presentar a la educación como un servicio esencial.
El debate sería saludable si estuviera acompañado por una política sostenida de fortalecimiento del sistema educativo. Pero ocurre exactamente lo contrario. En términos reales, la inversión nacional en educación viene perdiendo peso presupuestario, afectando universidades, programas educativos, infraestructura y financiamiento. La contradicción resulta evidente: se exige mayor funcionamiento al sistema mientras se reducen los recursos destinados a sostenerlo.(ver gráfico)
No alcanza con declarar esencial una actividad para convertirla en prioridad política.
La educación constituye uno de los ejemplos más claros de una tensión que atraviesa toda la gestión nacional: una enorme capacidad para construir sentido desde el discurso y crecientes dificultades para transformar ese discurso en políticas públicas capaces de modificar la realidad.
Mientras tanto, la oposición también comenzó a moverse.
Cristina Fernández de Kirchner decidió volver al centro del tablero político mediante una estrategia judicial internacional destinada a cuestionar su situación procesal y denunciar la afectación de sus derechos políticos. La decisión trasciende lo estrictamente jurídico. Constituye una jugada política de alto impacto.
La ex presidenta volvió a instalar un tema que incomoda tanto al oficialismo como a una parte de la oposición, y ni hablar al periodismo militante del poder real: la discusión sobre los límites de la judicialización de la política y el concepto de proscripción. Más allá de las posiciones que cada uno pueda sostener respecto de sus causas judiciales, nadie dentro del peronismo desconoce que Cristina conserva la capacidad de condicionar la conversación política apenas decide intervenir.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante esta semana.
Su reaparición produjo un efecto inmediato: volvió a alterar los equilibrios internos del peronismo, obligó a todos los sectores a reposicionarse y reinstaló una pregunta que todavía carece de respuesta: ¿quién conducirá la reconstrucción opositora frente a un gobierno que, pese a sus dificultades, continúa ocupando el centro del escenario político?
La fotografía obtenida durante el homenaje a monseñor Enrique Angelelli puede interpretarse desde esa lógica.
Después de varios meses de tensiones, dirigentes de distintos sectores del peronismo compartieron una misma actividad. Hubo presencias importantes. También ausencias significativas. Axel Kicillof y Sergio Massa optaron por enviar representantes antes que asistir personalmente. Máximo Kirchner sí estuvo.
Las imágenes sirvieron para mostrar una voluntad de acercamiento. Pero conviene no exagerar su alcance.
Porque el principal problema del peronismo hoy no parece ser la falta de fotografías conjuntas. El verdadero déficit continúa siendo otro: la ausencia de un debate profundo acerca del proyecto político que pretende ofrecer a la sociedad.
La unidad, por sí sola, nunca reemplazó, saludablemente, a las ideas.
Durante décadas el peronismo consiguió sintetizar intereses diversos porque detrás de esa síntesis existía una propuesta de país reconocible. Hoy, en cambio, abundan las conversaciones sobre candidaturas, liderazgos y estrategias electorales, mientras escasean las discusiones sobre desarrollo, producción, federalismo, trabajo, educación o el nuevo contrato social que demanda una Argentina profundamente distinta de la que existía apenas diez años atrás.
La sociedad en general y es particular gran parte de la militancia reclama unidad. Pero reclama algo más importante todavía: un horizonte.
Y ese horizonte todavía aparece difuso.