El sobreendeudamiento familiar se convirtió en uno de los principales temas de preocupación para distintos sectores de la oposición, que comenzaron a impulsar proyectos y debates legislativos para abordar una problemática que «dejó de ser una cuestión exclusivamente entre privados para transformarse en un problema social que requiere intervención del Estado».
En su columna provincial para FM TresCiudades, la periodista Gabriela Edith Lorenzo, brindó detalles de lo ocurrido en Diputados, e indicó que en la provincia de Buenos Aires alrededor de 1,7 millones de bonaerenses se encuentran afectados por situaciones de endeudamiento.
Al respecto comentó que el tema volvió a ocupar el centro de la agenda en una charla debate realizada en la Cámara de Diputados de la Nación, donde participaron representantes de distintos sectores políticos y organizaciones vinculadas a la problemática. Allí también se analizó el fracaso de la oposición para incorporar al recinto más de 30 proyectos relacionados con el endeudamiento, debido a que no alcanzaron los votos necesarios para su tratamiento sobre tablas. Entre las iniciativas se encontraba una propuesta del diputado nacional Guillermo Michel, que plantea utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para ofrecer créditos destinados a personas y familias en situación de mora.
La propuesta busca alcanzar a trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y monotributistas de las categorías más bajas, mediante créditos de hasta 1,5 millones de pesos. El objetivo no sería financiar nuevos consumos, sino refinanciar deudas originadas en necesidades básicas, como alimentación, alquiler, electricidad o gas. El proyecto establece además condiciones destinadas a evitar que las cuotas profundicen el problema: una tasa razonable, un costo financiero total limitado y un tope del 30% sobre los ingresos para el pago mensual.
El debate adquirió otra dimensión a partir del anuncio del Gobierno nacional de una línea de créditos hipotecarios UVA financiada con recursos del mismo Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Durante el programa se cuestionó que esos recursos, vinculados al sistema previsional, sean utilizados para financiar créditos destinados a personas con ingresos familiares superiores a los 3,5 millones de pesos. También se advirtió sobre las características de los créditos UVA, cuyo capital y cuota se actualizan de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo y, por lo tanto, pueden aumentar en contextos de inflación.
En paralelo, la diputada bonaerense Sofía Vannelli impulsa un proyecto orientado específicamente a establecer mecanismos de protección frente al sobreendeudamiento. La iniciativa incorpora el concepto de crédito responsable y plantea que quienes otorgan financiamiento deban evaluar y documentar previamente la capacidad de pago de quien solicita el crédito. El proyecto busca alcanzar no solamente a bancos y tarjetas, sino también a cooperativas, mutuales, comercios que financian, fintech, plataformas digitales, fideicomisos y otros proveedores no financieros.
Uno de los puntos centrales es la incorporación del concepto de consentimiento informado, con el objetivo de que las personas conozcan con claridad las condiciones del crédito, los intereses, las formas de actualización y las consecuencias del incumplimiento antes de asumir una deuda. El proyecto también establece la protección de un mínimo vital y plantea límites al porcentaje del salario que puede ser afectado por una deuda. El planteo adquiere especial relevancia frente al crecimiento de los créditos otorgados a través de billeteras virtuales, cuyo acceso inmediato puede facilitar el endeudamiento sin una evaluación suficiente de la capacidad de pago.
El proyecto también aborda las prácticas de cobranza y el hostigamiento. Durante el debate se describieron situaciones en las que las deudas son vendidas por entidades financieras a estudios de cobranzas que luego reclaman montos muy superiores a los originalmente adeudados. La iniciativa busca establecer mecanismos para evitar llamadas, mensajes y amenazas intimidatorias y propone fortalecer la vía administrativa mediante las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), donde las personas puedan recibir asesoramiento gratuito y acceder a instancias de conciliación.
Finalmente, Vannelli plantea la posibilidad de avanzar hacia una instancia judicial de rehabilitación, diferenciada de los procesos tradicionales de concurso o quiebra. La propuesta permitiría convocar a deudores y acreedores para analizar cada situación y establecer, cuando corresponda, mecanismos de espera, quitas o reducción de intereses mediante acuerdos.
La intención es que los distintos proyectos que existen en la Legislatura bonaerense puedan ser debatidos de manera conjunta y derivar en una legislación que permita mitigar el sobreendeudamiento. El tema comienza así a instalarse como una de las principales agendas legislativas de la oposición bonaerense, en un contexto en el que la morosidad y el acceso al crédito aparecen cada vez más vinculados con las condiciones de vida de las familias.