La conmemoración del 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad, es una oportunidad para recordar una de las luchas más importantes de la historia argentina y reafirmar el compromiso del Estado con un derecho fundamental: que toda persona pueda conocer su origen, tener un nombre, una historia y una identidad reconocida legalmente.
La fecha está vinculada con la creación de Abuelas de Plaza de Mayo, el 22 de octubre de 1977, cuando un grupo de mujeres comenzó a organizarse para buscar a sus nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Desde entonces, su lucha permitió restituir identidades, reconstruir historias familiares y demostrar que el derecho a la identidad no se pierde, aunque se intente ocultar o borrar.
En 2004, el Congreso de la Nación instituyó oficialmente esta fecha mediante la Ley 26.001, con el propósito de mantener viva la memoria de aquella lucha y promover la reflexión sobre el valor de la identidad. Pero el derecho a la identidad no se limita a conocer los orígenes familiares. También comprende tener un nombre, contar con una inscripción de nacimiento, acceder al Documento Nacional de Identidad y ser reconocido por el Estado como sujeto de derechos.
En ese camino, el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires cumple una función central. A través de sus políticas de documentación e inscripción registral, el organismo trabaja para que quienes nunca fueron inscriptos al nacer puedan acceder a ese reconocimiento legal, sin importar su edad. El programa Mi Identidad, Mi Derecho es una de las herramientas destinadas a atender estas situaciones y a garantizar que la falta de documentación no se convierta en una barrera para ejercer otros derechos.
Porque detrás de cada partida de nacimiento y de cada DNI hay una persona que necesita ser reconocida y poder acceder plenamente a la educación, la salud, el trabajo y los demás derechos que le corresponden. Por eso, garantizar la identidad también exige un Estado presente, capaz de coordinar sus organismos, acercarse a las comunidades y encontrar respuestas para quienes encuentran dificultades para realizar sus trámites.
En tiempos en que vuelven a circular discursos negacionistas y se relativizan hechos probados de nuestra historia reciente, conmemorar esta fecha cobra un sentido todavía más profundo. La memoria no es un ejercicio anclado en el pasado: también es una responsabilidad con el presente y con las generaciones que vienen. Recordar lo ocurrido, reconocer a las víctimas y sostener la búsqueda de quienes aún no conocen su identidad es una forma concreta de defender la democracia y los derechos humanos.
El 22 de octubre nos recuerda, entonces, que la identidad es un derecho humano y que su defensa es una responsabilidad colectiva. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñó que ninguna búsqueda debe abandonarse y que conocer la propia historia es parte de la dignidad de cada persona. Mantener vivo ese legado significa honrar la memoria, pero también trabajar todos los días para que nadie quede sin identidad y para que el Estado garantice, en los hechos, el ejercicio de ese derecho.