El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una serie de medidas destinadas a proteger a los usuarios de billeteras virtuales, en un contexto marcado por el crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, informaron que se iniciaron investigaciones a partir de miles de denuncias por presuntos incumplimientos de la Ley de Defensa del Consumidor.
Durante una conferencia de prensa, Kicillof advirtió sobre la situación que atraviesan millones de hogares. Según señaló, alrededor del 60% de los adultos del país tiene algún tipo de deuda y cerca de seis millones de personas se encuentran en situación de mora.
El Gobernador vinculó este escenario con la pérdida de ingresos de las familias y sostuvo que muchas personas tuvieron que recurrir al crédito para afrontar gastos esenciales. “No se puede culpar a las personas que se endeudaron para cubrir gastos básicos”, afirmó, al remarcar que desde la Provincia buscan utilizar las herramientas disponibles para intervenir frente a esta problemática.
Kicillof también cuestionó el funcionamiento de las billeteras virtuales y señaló que estas plataformas dejaron de ser únicamente medios de pago para convertirse también en actores relevantes del mercado crediticio. En ese sentido, planteó la necesidad de prestar atención a las condiciones en las que otorgan financiamiento.
Los datos presentados por Augusto Costa reflejan la dimensión del problema. Durante los primeros seis meses del año, la Dirección de Defensa del Consumidor bonaerense recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud.
Las presentaciones incluyen acusaciones vinculadas con presuntos incumplimientos de la normativa de defensa del consumidor, además de situaciones de acoso y hostigamiento hacia usuarios. Frente a estas denuncias, el organismo provincial abrió expedientes de investigación y comenzó a solicitar información a las empresas involucradas.
Entre los aspectos que deberán explicar las compañías se encuentran los criterios utilizados para establecer las tasas de interés y la composición del costo financiero total de los créditos que ofrecen. La Provincia busca determinar si las condiciones informadas a los consumidores se ajustan a la legislación vigente.
Costa explicó que las empresas deberán presentar sus respectivos descargos y que, si se comprueban las irregularidades denunciadas, podrían aplicarse sanciones de hasta 1.883 millones de pesos, además de exigir la corrección de los incumplimientos detectados.
El Ministro destacó que la intervención provincial apunta a brindar herramientas de protección a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica. “El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación”, sostuvo, al diferenciar las políticas de la Provincia de las implementadas por el Gobierno nacional.
Del anuncio también participaron el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi.