La Legislatura bonaerense avanzó esta semana con un paquete de iniciativas destinado a abordar una problemática que afecta cada vez a más familias, el endeudamiento y, especialmente, el sobreendeudamiento.
Los proyectos todavía deben completar su recorrido parlamentario y pasar por el Senado, por lo que aún no son ley. La discusión reunió distintas iniciativas que habían sido presentadas en las comisiones y que fueron trabajadas en un plenario con el objetivo de unificar criterios y avanzar con cuatro proyectos que abordan diferentes momentos del proceso de endeudamiento.
Uno de los principales ejes está puesto en el consentimiento informado antes de tomar un crédito; la iniciativa busca establecer mayores obligaciones para quienes ofrecen financiamiento, tanto entidades tradicionales como plataformas digitales, para que el usuario conozca de manera clara la tasa de interés, los costos y las condiciones de la operación antes de aceptar.
El debate apunta especialmente a las nuevas formas de acceso al crédito, donde obtener dinero puede estar a un solo clic de distancia. La preocupación planteada durante el tratamiento legislativo es que esa facilidad no siempre está acompañada por información suficiente sobre cuánto terminará pagando la persona.
El paquete también incorpora regulaciones sobre las cobranzas extrajudiciales. Una vez que una deuda entra en mora, puede ser transferida a estudios o agencias de cobranza, generando situaciones de hostigamiento hacia los deudores.
Entre las propuestas aparece la regulación de los horarios y modalidades de contacto y la posibilidad de establecer límites a la cantidad de comunicaciones. También se busca evitar que los reclamos se extiendan hacia familiares, compañeros de trabajo u otras personas que no son responsables de la deuda.
Otro punto central es la obligación de brindar información precisa sobre el monto adeudado: cuánto se debe, qué intereses se aplicaron y qué pagos fueron realizados. Durante el debate se mencionaron situaciones en las que se reclamaron cuotas que ya habían sido abonadas.
La iniciativa también contempla una vía judicial para la reestructuración de deudas, con la posibilidad de que acreedor y deudor puedan establecer un plan de pago de acuerdo con la verdadera capacidad económica de quien debe. El objetivo no es condonar la deuda ni trasladarla al Estado, sino adecuar las obligaciones a la situación concreta del deudor.
Otro de los proyectos propone la intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense como instancia de mediación. Uno de los criterios planteados establece que la suma de las cuotas de los distintos créditos no debería superar el 30% de los ingresos mensuales, de modo que el deudor conserve el resto de sus ingresos para afrontar sus gastos de vida cotidiana.
La problemática ya cuenta con varios proyectos específicos en tratamiento parlamentario, entre ellos iniciativas para crear regímenes provinciales de prevención y reestructuración del sobreendeudamiento y programas de desendeudamiento familiar y personal.
Desde la discusión legislativa también se planteó una cuestión de fondo, aun cuando se pudiera resolver una parte de las deudas existentes, el problema podría reproducirse si los ingresos de las familias continúan sin alcanzar para cubrir sus necesidades básicas.